El Gobierno de Macri buscará bajar la edad de imputabilidad a 15 años
El proyecto será enviado al Congreso para ser tratado en febrero. La normativa, además, incorpora “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”.
El Gobierno busca enviar al Congreso el nuevo Régimen Penal Juvenil que tiene como novedad una baja en la edad de imputabilidad.
Así, de 16 años pasará a 15 para los delitos más graves. El oficialismo intentará reunir consenso con la oposición para aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero, según informó este domingo el diario Clarín.
La modificación de la actual normativa fue un pedido que Mauricio Macri les había hecho sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña legislativa de ese año. Pero ahora, con la baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes, el proyecto recobró impulso.
Al respecto, en el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política.
Según la publicación, fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien habló del tema en el cónclave del viernes junto a Germán Garavano, en una reunión en Casa Rosada que presidió Marcos Peña, ante la ausencia del presidente que se encuentra de vacaciones.
La funcionaria pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años.
El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a 10 años.
En todos los casos, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión que se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.
Además, se incorporan “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos“, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.
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