Los primeros días de marzo de este año, comunidades indígenas de la provincia de Córdoba y dos ONG presentaron en Tribunales un amparo con el objetivo de que la Justicia declare nulo el proyecto de ley de bosque nativo y haga cesar su tratamiento legislativo. 

La presentación llevó las firmas de Mariela Tulián, de la comunidad Comechingón Sanavirón Tulián; de Carlos Pucheta, de la Fundacion Jaguey Han; de Federico Macciocchi, director de la Fundación "Tercera Generación"; y de Raúl Montenegro, de la Funam.

Este lunes integrantes de las comunidades comchingonas y sanavironas anunciaron que su primera acción judicial fue aprobada por la Justicia Provincial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación exhortó a las autoridades político-electivas de la provincia para que implemente consulta amplia a los ciudadanos. La decisión judicial lleva las firmas de María Inés del Carmen Ortiz de Gallardo y de Cecilia María de Guernica, ambas Vocales de Cámara.

Las comunidades indígenas, la Fundación Tercera Generación y FUNAM recordaron que el gobierno no concretó ningún proceso verdaderamente participativo antes de ingresar el Proyecto de Ley de Bosques Nativos: "Ese proyecto despertó el rechazo comunitario no solo por falta de participación sino también por su evidente apoyo sectores a sectores ruralistas de la Mesa de Enlace, que promueven la agricultura con soja y la ganadería sobre bosques protegidos", señalaron.

Mariela Tulian de la Comunidad Comechingón Sanavirón de San Marcos Sierras la consideró "una excelente noticia. La Justicia de Córdoba reconoció el derecho cuya tutela se procuraba a través de la acción de amparo que intentáramos hace unos días, en defensa de los derechos
de las comunidades de los pueblos originarios en contra del proyecto de Ley de Bosques Nativos".

El abogado de la causa Federico Macciocchi indicó que "finalmente el Poder Judicial termina reconociendo el derecho cuya tutela se intentó a través de esta acción de amparo contra el proyecto de la ley de bosques, al ordenar exhortar a las autoridades a que garanticen de la manera más amplia los derechos de participación ciudadana".

Desde la Fundación para la defensa del ambiente (Funam), una de las instituciones que presentó el amparo, el Dr. Raúl Montenegro sostuvo que "el Proyecto de Ley tiene fallas imposibles de reparar porque no hubo proceso participativo. En un acto de inadmisible torpeza institucional el gobierno ignoró por completo la existencia de comunidades indígenas Comechingonas y Sanavironas en la provincia de Córdoba".

Además, agregó que el proyecto "disminuye a la mitad la actual superficie protegida de bosques, reduce las multas por desmonte, elimina la pena de prisión para quienes violen la ley y habilita tanto el rolado como el desmonte químico. Viola impunemente la Ley Nacional de Bosques Nativos, la Constitución Nacional y la Convención sobre Derechos Indígenas de la OIT". En este contexto consideró "pionera la decisión judicial porque se han puesto en práctica los derechos de las comunidades indígenas, a partir de ahora nada será igual.".