Diputados nacionales del espacio Unidad Ciudadana denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri y al secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, por “la decisión de vender las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada Barragán, a precios sensiblemente inferiores a los que requirió su construcción”.

Sostienen que la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello.

Además, detallan que el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, "fue rescindido a fines de 2016, y el Gobierno le entregó a Iecsa 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares".

“El llamado original limitaba los oferentes a operadoras con experiencia acreditada en el área energética, pero posteriormente Iguacel abrió la posibilidad de que puedan ingresar fondos de inversión especulativos, como LoneStar, PointState y TGLT”, destacan en la denuncia.
 
En tanto, los diputados sostienen además que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, "inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa (hoy absorbida por IEASA), organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron de los dos lados del mostrador, asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas".