La renta sobre los productos granarios que aplicó el gobierno anterior como una medida estratégica fue suprimida de plano por el oficialismo actual.
País 12/03/2018 Facundo Piai
Por: Facundo Piai
Un día como ayer, hace exactamente diez años atrás, Martín Lousteau, por entonces ministro de Economía del gobierno kirchnerista, anunciaba un sistema de retenciones para los productos granarios que buscaba una mayor participación del Estado en la renta agropecuaria en un contexto de suba internacional de la soja. La medida 125, como se conoció a esta resolución que mantuvo en vilo a la sociedad argentina durante varios meses, generó un nuevo escenario político con: renuncias rutilantes; la unificación de productores, grandes terratenientes y representantes de pooles de siembra en un mismo bloque (la mesa de enlace); cortes de ruta y loock out patronal; cacerolazos en zonas urbanas en contra del gobierno; el surgimiento de dirigentes rurales en figuras políticas de peso (es el caso del actual senador por Entre Ríos Alfredo de Angeli); y la ruptura entre aquel gobierno y parte del Movimiento Radical Federal conducido por Julio Cobos.
Más allá de las torpezas políticas del gobierno anterior para aplicar la medida, la retención a los productos primarios del agro es una medida estratégica que actúa sobre la renta agraria diferencial. Esta renta, sujeta a gravámenes mediante la retención, es una ganancia extraordinaria que perciben los grandes terratenientes al producir alimentos en las tierras más fértiles del mundo. En efecto, el rendimiento de la cosecha de soja, por caso, es mayor en la pampa húmeda que en otros territorios menos generosos. De este modo producir una tonelada de soja en Córdoba, Buenos Aires, La Pampa o Santa Fe, implica un menor costo que hacerlo en otras tierras del mundo. Consecuentemente un productor local tiene menor costo en producir misma cantidad de soja que un productor chino, paraguayo, canadiense, uruguayo o ruso.
La ventaja competitiva del territorio y sus cualidades permiten una mayor ganancia en términos comparativos con productores de otros países, esto es la renta diferencial (que no es consecuencia del desempeño empresario, es más bien una “ventaja divina” del suelo nacional), que se potencia por diversas circunstancias: aumento del precio internacional del commoditie o la devaluación que le permite a los productores mayor competitividad interna.
La retención es una política valiosa en varios sentidos, no solo le permite al Estado redistribuir el ingreso mediante un instrumento progresivo, sino que también desacopla los precios de los alimentos en el mercado local del internacional. Por ejemplo, en un esquema de retenciones cero, como ocurre actualmente con la producción de carne, frente a un incremento del precio internacional de la carne de un dólar por kilo, se incrementa en el mercado local $20 el kilo automáticamente, ya que el productor pretende en el mercado interno el mismo precio que en el internacional. Esta situación no existe en el marco de un esquema de retenciones, puesto que la participación del Estado en la renta no le permite al productor “elegir” precio, de este modo atenúa las desventajas internas que acarrean los aumentos de las cotizaciones de los commodities.
Además de desacoplar el precio interno de los externos, la participación del Estado de la renta agropecuaria permite subsidiar el combustible y realizar obras viales que hacen a la competitividad de la economía, incorporando, de este modo, al campo a la economía nacional en el marco de un proyecto integrado que contemple la transferencia de recursos a otros sectores con menor competitividad como el mipyme (que representa el 66% del empleo y el 99% de las unidades productivas, de acuerdo al último Censo Nacional Económico de 2004). Consecuentemente permiten diversificar el aparato productivo a través de la transferencia de divisas del agro a la industria. Los países con economías liberalizadas, cuyos empresarios se dedican a la producción de materias primas y al goce de la rentabilidad extraordinaria, no logran salir de su subdesarrollo al no disponer de instrumentos para paliar los problemas del desempleo y la exclusión social.
El esquema de retenciones cero (y reducción del impuesto a la soja), aplicado por el presidente Macri a los pocos días de haber asumido, no tiene los resultados que el Gobierno deseaba. Un informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), en base a información del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, advirtió que tanto la minería como la agricultura siguen mostrando niveles de empleo por debajo de las marcas de la última década, pese a que fueron favorecidos por precios favorables y una notable baja en la presión impositiva.
A mediados del año pasado, luego de casi dos años del anuncio de la quita de retenciones, el nivel de trabajadores empleados por el agro fue de los más bajos de la última década. Se registraron 371.100 empleados, a abril del 2017, un poco más que en el recesivo 2016, pero una cifra significativamente menor a la existente en el año 2009, un año malo para el campo luego del conflicto por la 125 y posterior a la crisis de Lehman Brothers con fuertes repercusiones para la economía mundial. La situación de empleo en el sector minas y canteras, también beneficiado con la quita de impuestos, tampoco fue la esperada. Un informe publicado en mayo por el Ministerio de Trabajo sobre la evolución del trabajo asalariado en el sector privado, muestra que el sector emplea 78.100 trabajadores, con una caída de poco más de cinco puntos respecto de mayo del 2016.
Cabe aclarar que “el campo” no es uno solo, esta categoría genera confusiones al poner en “la misma bolsa” a un chacarero junto a un gran terrateniente y al ejecutivo de un pool de siembra extranjero. Aquellos que por una cuestión de economía de escala no logran gozar de una ostensible renta agropecuaria (los pequeños productores, en gran parte asociados a la Federación Agraria Argentina) son quienes han tenido conductas más burguesas, en el sentido de reinversión del capital en busca de diversificar la producción generando más valor agregado en origen. Este actor, lo más parecido que hay en nuestro país a un granjero europeo o norteamericano, es dinamizador para las economías regionales y requiere de una atención especial y de políticas específicas que atiendan a su situación.
Los pequeños productores sufren a merced de la estrategia de acumulación de los grandes consorcios acopiadores, en su mayoría extranjeros, que son quienes ofician como intermediarias entre el pequeño productor y el comercio exterior. Estas grandes multinacionales exportan a un mayor precio del que le pagan al pequeño productor, apropiándose del excedente diferencial. En este caso la renta agraria es absorbida por empresas acopiadoras que prestan un servicio básico de acopio y venta al exterior, sin aportar valor alguno a la producción.
Durante el conflicto gobierno vs campo, allá por el 2008, desde la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales de la Bolsa de Cereales (INAI), decían que uno de cada cuatro países que pertenecen a la Organización Mundial del Comercio (OMC) aplica retenciones a las exportaciones, y agregaba que “solamente los países subdesarrollados aplican retenciones en forma generalizada, como lo hace la Argentina”, comentaban al diario La Nación para deslegitimar la medida. Dando a entender que la retención es la causa del atraso.
Son más factibles las retenciones en Argentina, Brasil, Chile que en Canadá, Alemania o Australia, porque estos últimos adhieren a un modelo de desarrollo desde hace muchos años al cual profundizan constantemente mediante subsidios e innovaciones técnicas que lo hacen más competitivo. No obstante, también es cierto, que en sus comienzos estas economías implementaron distintos tipos de restricciones a la exportación de materias primas y protegieron a sus industrias para generar valor agregado, empleo y fortalecimiento productivo.
Esta discusión también está presente en nuestro vecino trasandino sobre el principal sostén de su economía, el cobre. Al respecto, Ramón E. López -profesor de la universidad de Maryland, EEUU, y director de los programas de Magister y Doctorado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile- sostiene que: “la introducción de un impuesto a las exportaciones de materias primas minerales es un mecanismo obvio que solo el fanatismo ideológico ultra liberal y los intereses creados no dejan ver”. El académico reflexiona en el portal especializado Ciper que gravar impositivamente a las exportaciones de cobre en estado bruto “puede constituir un incentivo para aumentar la parte que se procesa en Chile, incrementando la industrialización de cobre en el país, y aumentando así el valor agregado de las exportaciones”. Esta iniciativa mejoraría los términos de intercambio de Chile cuando la desaceleración de China, el principal comprador de cobre en el mundo, amenaza al mundo.
En 2008, cuando las retenciones fueron el foco de atención de la opinión pública tras el conflicto por la resolución 125, el investigador principal de Conicet y especialista en historia agraria, Osvaldo Barsky, consideraba “suicida” romper con el esquema de retenciones, por ser una condición del bienestar general, incluso del mismo sector agrario”. “Ningún político, ni Macri, va a salir de este esquema, salvo que sea un suicida. Es el corazón de la economía. Es lo que garantiza que los precios internos no se disparen, que haya superávit fiscal, que entren recursos para pagar la deuda y que se puedan acumular reservas”, puntualizaba el autor de Historia del Agro Argentino.
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