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La seguridad es uno de los temas que aqueja a los cordobeses y sobre los que hay diversas miradas. ¿Cómo afecta a los barrios populares la falta de seguridad? ¿Hace falta más policía o más educación? LNM habló sobre el tema con distintos actores.
Córdoba 12/11/2023 Pierina PropatoEspecial para La Nueva Mañana
La crisis económica marcada por una creciente inflación y la ola delictiva ganan por amplia mayoría entre las problemáticas que más afectan a las barriadas populares. “Imaginate que si le roban el teléfono a un pibe que trabaja como delivery se queda sin laburo hasta que compre otro teléfono. Perdió plata por no poder trabajar y encima tiene que gastar en otro celular”, dijo a La Nueva Mañana el padre Mariano Oberlin.
“No podés salir a tomar un colectivo a las seis de la mañana o ir a una reunión en el barrio y no tener miedo de que te revienten la cabeza por el celular. A las siete de la tarde no podés salir de tu casa”, agregó Silvia Quevedo, coordinadora de Somos Barrios de Pie.
Por su parte, Valeria Plaza Shaefer (*) señaló que la problemática de la seguridad ha sido subestimada durante décadas por “la falsa creencia de que mejorar las condiciones sociales mejoran las condiciones relacionadas con la seguridad”, y aunque no son variables absolutamente desconectadas, sí conviene pensar en que “las condiciones sociales están vinculadas a todas las políticas públicas”.
Plaza Schaefer observa que el abordaje de la seguridad no es un problema exclusivamente de la Provincia, sino más bien de la democracia argentina en particular y de la latinoamericana en general, ya que “no han podido generar una política pública que atiendan las problemáticas de sectores que son vulnerables en el acceso a derechos, por un lado, pero además mucho más vulnerables en la exposición de la seguridad”. En ese sentido subrayó que “el discurso antipunitivista muchas veces termina negando el problema cuando en realidad son los sujetos más expuestos y desprotegidos”; porque son los que más sufren detenciones de la policía, violencias interpersonales y del Estado, y robos.
En esto coinciden los referentes territoriales. Silvia Quevedo explica que “los sectores progresistas no han valorado el sentir de la gente cuando hablamos de inseguridad. A veces entramos en la discusión si más policía o no, cuando debería tener un abordaje integral”.
El párroco, por su parte, considera que “existe una mirada idealizada de ciertos sectores a la hora de hablar de la inseguridad” y además de las cuestiones de fondo, como la vulneración de derechos que es un gran aporte a la causa. Oberlin considera que “hay que ponerle un freno a quien está delinquiendo y afectando a quienes menos tienen”.
En este sentido, consideró que “nuestros barrios son estigmatizados por todos los sectores porque la derecha nos culpa de chorros y ciertos sectores progresistas nos tratan de chorros para excusarnos, cuando señalan que la inseguridad no sólo es la delincuencia”. Desde ese lugar, el cura de Müller afirmó que “la inmensa mayoría de los vecinos de los barrios populares son trabajadores y reclaman seguridad”.
Para hablar de seguridad en los sectores vulnerados, Quevedo se detiene en la necesidad de recomponer “el tejido social” que lleva más de cuatro décadas desintegrándose y para el que la presencia policial es sólo una pata de la mesa. “Es necesario pensar una mirada del Estado desde los espacios de contención, de cuidado, a través de las organizaciones sociales y las iglesias”.
La dirigente social subrayó que la inseguridad no se reduce a los delitos, sino que implica una situación mucho más compleja, “casi límite, porque el deterioro no sólo es material, sino que es cognitivo y de salud mental” que alcanzan a todos los habitantes, afectando particularmente a las mujeres y las infancias que son las más involucradas en situaciones de abuso y violencias. “Es necesario abordar estas problemáticas de manera integral porque de lo contrario es muy posible que se comentan errores”.
En ese sentido, Quevedo destacó que “las organizaciones sociales somos parte de la solución porque conocemos el diagnóstico del territorio” para elaborar buenas políticas públicas.
Pensar en la seguridad de los barrios implica conocerlos en profundidad y también atender cuestiones de infraestructura. “No es lo mismo la clase de delitos que puede tener un barrio popular que cualquier barrio céntrico”, sostiene Plaza.
Así, pensar en el diseño de una política pública en materia de seguridad implica abordar otras cuestiones estructurales como la iluminación y el estado de las calles, porque “así como no ingresa la ambulancia tampoco ingresan los patrulleros y se incrementan los delitos”. En este punto, la especialista pone el foco en las zonas de algunos barrios que son más conflictivas que otras al no contar, por ejemplo, con identificación de calles o la extrema precariedad de las viviendas, que generan una situación de “no Estado”, donde el primer déficit es “verse expuestos a la violencia por la apropiación de bienes”.
Tanto para la especialista como para los referentes territoriales, el problema de la inseguridad no se resuelve sin la presencia policial. Sin embargo, en todos los casos sugieren detenerse a pensar cómo sería esa intervención de las fuerzas, y acompañada de qué políticas públicas.
Plaza sostiene que un primer abordaje implica una policía de instancias locales, que articule con el municipio ya que éste es quien tiene línea directa con las organizaciones sociales. Esta articulación entre el Estado y la sociedad civil se vuelve fundamental ya que “para abordar el territorio hace falta conocerlo, y de existir un acuerdo social de este tipo, incluso se pueden generar patrullajes conjuntos”. Si bien Plaza no desconoce que el patrullaje no resuelve el problema de fondo, al menos sí considera que “lo pone en situación de igualdad con otros barrios”. A su vez, tener una mejor condición urbanística del sector (calles transitables, iluminación, etc.) “lo vuelve transitable. Sabemos que la no circulación genera inseguridad”.
Un diagnóstico completo sobre algún territorio también implica conocer qué tipo de delitos son los que predominan, observa la investigadora. “Para planificar, prevenir e intervenir es necesario saber qué pasa”. En ese sentido, Plaza apunta a los Consejos Barriales como espacios de escucha ciudadana fundamentales porque aportan detalles necesarios para una intervención precisa.
Por su parte, Quevedo señala que las organizaciones sociales han logrado coordinar una agenda política para atender las demandas del sector, como la necesidad de una ley de barrios populares, de infraestructura barrial y de emergencia social.
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