En diálogo con LNM, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, destacó la importancia de los anuncios del oficialismo para sostener la actividad productiva.
Ed Impresa 01/09/2023 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
Tras la depreciación del peso de 30% frente al dólar acumulada en las primeras dos semanas de agosto los precios se recalentaron. Al punto que diferentes consultoras privadas estiman una inflación mensual de dos dígitos. De cualquier manera, las subas romperán el piso de 6 puntos en que se habían estabilizado los precios en los meses de junio y julio. Así, la inflación acumulada esperada para agosto sería superior a los setenta puntos. En este escenario de disparada de precios y, por tanto, de pérdida de poder adquisitivo se enmarca la suma fija que propuso el gobierno.
Con dos bonos de $30.000 a pagarse en septiembre y octubre el ministro de Economía y candidato a la presidencia pretende morigerar los efectos de la devaluación en el consumo. Si bien se trata de una suma fija que será como un adelanto de futuras paritarias y solamente para los salarios por debajo de $400.000, parte del sector privado puso el grito en el cielo. En línea con la cámara de la mediana empresa y la Unión Industrial Argentina, su par cordobesa, la UIC, también rechazó el bono salarial.
Un metalúrgico local confió en off a este medio que el impacto de la suma fija será heterogéneo para el sector privado. Para las empresas que están con pocas ventas, en proceso de contracción, no será fácil, señaló. Además, agregó que para fundiciones que se dedican a la exportación esto significa un encarecimiento de los costos internos con un dólar atrasado. Otro industrial reconoció que en los sectores en donde hay poca competencia y demanda cautiva las subas de los costos se trasladarán a los precios de venta para preservar los márgenes de ganancia.
Sin embargo, no todas las empresas opinaron negativamente sobre el bono. Aquellas ligadas al mercado interno lo ven como un aliciente. Por caso, el presidente de Industriales Pymes Argentinos Daniel Rosato advirtió a La Nueva Mañana que “hay mucha confusión” y crítica infundada. Esta suma fija podrá ser descontada “en su totalidad de aportes patronales” en el caso de las micropymes que representan “más de 300 mil unidades productivas”. En el caso de las pequeñas y medianas, “unas 48 mil empresas”, podrán descontar de impuestos el “50% del costo de la suma fija” para los empleados que cumplan con los requerimientos. “Lo que pagan por un lado lo descuentan por el otro”, señaló.
Mientras que, por otro lado, las grandes empresas que tienen más espalda y “están en mejores condiciones para afrontar estas erogaciones, lo toman de futuros aumentos paritarios”. De modo tal que, haciendo la cuenta completa, se trata de un adelanto y no de un incremento de la masa salarial. Por un lado, al bono lo financia indirectamente el Estado a costa de menor recaudación, mientras que, por otro lado, se amortiza a costa de las paritarias futuras. No significa una expansión de la masa salarial.
El dirigente pyme señaló que en su sector no están “teniendo grandes reclamos por el bono”. Aunque sí puede haber algún inconveniente de flujo contable, reconoció Daniel Rosato, de alguna empresa que deba redefinir circunstancialmente su contabilidad para hacer frente a un gasto que no habían calculado. Sin embargo, no debiera afectar la salud de las empresas, remarcó. Contrariamente, este estímulo al consumo apalanca la economía interna, puesto que “si no hay demanda, la mayoría de las pymes no pueden producir”. Cuando “la inflación se come el sueldo” la actividad se contrae, expuso.
Quien habló en nombre del gobierno frente a las resistencias a pagarlo fue la ministra de Trabajo quien en declaraciones radiales dijo que habrá sanciones económicas. “Van a tener que pagar el bono y encima una multa”, sentenció. La totalidad de trabajadores registrados del sector privado llega a 6,3 millones, según el último registro. Aproximadamente un 70 por ciento de ese total estaría en condiciones de percibir el estímulo en septiembre y octubre. Mientras que, por otro lado, los empleados públicos registrados llegan a 3,4 millones muchos de los cuales perciben ingresos por debajo de $ 400.000.
Como ocurriera con empresas del sector privado, diferentes provincias adelantaron que no pagarán el bono. Salvo tres que ya dieron el sí (Santiago del Estero, Mendoza y La Rioja), once provincias rechazaron dar suma fija. Muchas de ellas alegan que el acuerdo paritario que otorgaron o están negociando superaría el monto del bono, es el caso de Córdoba, según explicó el Secretario General de la Gobernación. Otras, alegan que sin auxilio de nación no tienen espalda para afrontar esa erogación sin desequilibrar sus cuentas.
Desde un importante sindicato de Córdoba dijeron en off a este medio que la suma fija podría oficiar como “un parche o una ayuda circunstancial”. Si bien como en la mayoría de los sectores la realidad de estos asalariados es “heterogénea”, el promedio de sus ingresos está por arriba del ingreso general. La medida, que impacta en “menos de la mitad” de estos trabajadores, es vista como un estímulo al consumo de septiembre, “aunque luego tendrán que devolverla en las próximas paritarias”. De modo tal que si la inflación no se modera en el corto plazo el remedio puede resultar poco eficiente y costoso.
La clave estará en el movimiento de los precios, y específicamente en la inflación de los alimentos que se despertó tras el salto del dólar. Por lo tanto, muchos trabajadores están más pendientes de los resultados de los acuerdos de precios que de la suma fija. Que junto a una batería de medidas: créditos a tasa subsidiada, refuerzo a jubilaciones, aumento para la tarjeta alimentar y otros planes sociales buscan mitigar los efectos de la depreciación cambiaria. El paquete de medidas, según estimaron desde el Palacio de Hacienda, tendrá un costo de medio punto del PBI.
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