Los trabajadores estatales que revistan en La Perla, Campo de la Ribera y el Archivo Provincial de la Memoria llevan adelante un plan para visibilizar demandas de larga data.
Ed Impresa 18/03/2022
Adrián Camerano
Son guías, pedagogos, administrativos, "arreglatodo", trabajadores estatales, militantes de la Memoria. Llevan más de una década sosteniendo los Espacios de Memoria en los que se resignificaron los principales tres ex centros clandestinos que funcionaron en Córdoba, hoy dependencias oficiales cuya relevancia social es inversamente proporcional al lugar que ocupan en las políticas públicas. Tras años de abandono, presupuestos subejecutados y carencias materiales y simbólicas, los trabajadores celebran la reciente apertura de un canal de diálogo con el Gobierno provincial, pero a días de un nuevo 24 de marzo señalan un sinnúmero de temas pendientes que ponen en cuestión las políticas públicas en Derechos Humanos.
Fernando González es delegado de los trabajadores del Espacio para la Memoria La Perla, enclavado en el mismísimo predio donde funcionó el centro clandestino de detención más grande del interior del país, “Nuestro Auschwitz” al decir del fiscal federal Facundo Trotta. “Chuzo” refiere que en la última década en los sitios “hemos perdido más de 30 trabajadores, porque no hay una política de altas por bajas” y recuerda que “las políticas públicas establecidas a través de la Ley de la Memoria nunca tuvieron un espacio fuerte en la agenda provincial”.
Como para muestra basta un botón, refiere que al predio de cuatro hectáreas y media ubicado sobre la autopista a Carlos Paz, en el ejido de Malagueño, lo limpian dos trabajadoras, que hay un solo recepcionista y que el centro de educación en Derechos Humanos que lleva el nombre del gremialista docente Eduardo Requena suma dos años sin personal. “En 2010 en La Perla éramos 19 trabajadores, todos contratados; hoy somos ocho, de los cuales cuatro somos de planta, dos son pases de otras áreas y dos son monotributistas”, ejemplifica.
“La precarización también es la multiplicación de tareas: el trabajo que hacíamos 20 ahora lo hacemos 8; en La Perla las áreas de investigación, de mantenimiento y el centro educativo en Derechos Humanos están vacías, y el mantenimiento lo hace un solo trabajador monotributista, que usa sus propias herramientas”, detalla. A la vez, contrapone que “en los sitios se produce cada vez más, y desde 2010 a la fecha han crecido las visitas, las muestras, las actividades; básicamente hay más trabajo y menos gente”. Y agrega que “en La Perla tenemos la circunstancia adicional de que nunca se hizo efectivo el traspaso de Nación a la Provincia, y la Provincia no puede desarrollar obras, invertir en un lugar que no le es propio. Estos edificios de hace casi 50 años tienen algunos problemas estructurales y no tienen mantenimiento profundo, hay por ejemplo humedades que arruinan las muestras”.
A diecisiete kilómetros, en pleno centro de la ciudad, Clarisa Villares lleva años realizando tareas de investigación en el Archivo Provincial de la Memoria que funciona en la ex D2. Su tarea ha sido clave para reconstruir historias, aportar a las investigaciones judiciales y avanzar en los derroteros de muchas de las personas desaparecidas en Córdoba por la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. Abogada, sobrina de la referente de Familiares Emi D´Ambra y secretaria de la Comisión Provincial de la Memoria, Villares recuerda épocas peores, como “cuando estaba la ministra Graciela Chayep, con presupuestos subejecutados e incluso sumarios a compañeros”. Pero a la vez es tajante, y dice que “un Estado que precariza es un Estado sin Memoria”.
“Hasta 2012 tuvimos altas por bajas, pero después empezamos a perder cargos, como una sangría. Perdimos también presupuesto, y aunque la ejecución presupuestaria se ha normalizado, desde 2018 no se designa personal”, explica. Villares detalla que en el APM “tenemos compañeros con contratos basura, letra c, que son los más bajos de la administración, y monotributistas bajo contrato de locación de servicios, sin ART ni obra social y cobrando salarios bajísimos”. E incluso explica que aún los trabajadores de planta con hasta 15 años de antigüedad “tienen sueldos bastante lejos de la canasta básica y carecen de la posibilidad de una carrera administrativa, porque en los espacios de memoria no existe organigrama”.
Consultada por La Nueva Mañana para esta nota, la trabajadora señaló que “durante mucho tiempo hemos naturalizado la precarización y la multifunción”, y que “ahora hemos llegado a un límite insostenible”. “Sabemos que no estamos solos, la Comisión Provincial de la Memoria, los organismos, los colectivos de artistas, víctimas y familiares están con nosotros en esta lucha contra el vaciamiento de los sitios de Memoria”, finalizó.
Similar panorama relata Diego Castaño desde Campo de la Ribera, el más reciente de los Espacios de Memoria de Córdoba. El trabajador cuenta que “al día de hoy tenemos casi la misma cantidad de trabajadores que hace 10 años, cuando nuestro trabajo se quintuplicó”, y coincide en que “hoy hemos llegado a un punto límite”. “La precarización y el vaciamiento de los espacios se han hecho insoportables para los trabajadores, los cuales están hipercalificados para estos trabajos y cobran sueldos menores a la canasta básica”, refiere.
Castaño destaca que “a partir de la insistencia de los trabajadores se ha abierto una mesa de diálogo que solo ha dado repuesta a las demandas menores”; la última reunión fue a principios de este mes, y las respuestas -o la falta de- desencadenaron la exposición pública de la situación. Las charlas con el Secretario de Derechos Humanos Calixto Angulo no registraron avances y por eso “nos vemos en la necesidad de visibilizar la situación en la que nos encontramos, mientras vamos encaminando nuevas medidas de fuerza”, avisa.
“Soy trabajador del Espacio para la Memoria Campo de la Ribera desde hace 12 años, y a lo largo de estos años hemos perdido más trabajadores que los que se consiguieron por estos medios; algunos se jubilaron, otros consiguieron otros lugares con mejores condiciones laborales y salariales”, finalizó.
Mientras desde los sitios se detallan estas situaciones, la Provincia anunció este miércoles 16 una nutrida grilla de actividades por la Semana de la Memoria, muchas de las cuales se desarrollan en las propias dependencias desde las que denuncian las falencias, y la cesión de un inmueble para que funcione la nueva sede de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba.
El acto oficial se realizó en el Buen Pastor, ex centro de detención convertido en centro comercial, y fue encabezado por el ministro de Justicia y DD.HH. Julián López, con la moderación del secretario de DD.HH. Calixto Angulo, quien no respondió las consultas de La Nueva Mañana para esta nota.
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