Bajan Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos. Se crea un IVA provincial y aumentan las valuaciones fiscales de inmuebles y automotores. Córdoba recibirá más de $1.800 millones extras en los próximos diez años.
Política 27/11/2017 Gastón Gracia Daponte
El próximo miércoles la Unicameral de la provincia de Córdoba ratificará el Pacto Fiscal firmado entre la Nación y las provincias (a excepción de San Luis) que fija una reducción durante los próximos cinco años, en los tributos que de Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos (representan entre el 80 y 90 por ciento de los recursos propios), para reemplazarlos en 2022 por un impuesto a las ventas con una alícuota del cinco por ciento.
La diferencia de esta suerte de IVA provincial es que se tributará en el final de todo el circuito comercial de la provincia. En la práctica se sumará a la actual alícuota del IVA permitiendo de esta manera liquidar dos impuestos sobre una misma base imponible. La recaudación estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), facilitando su fiscalización.
Para el contribuyente esta nueva modalidad implica que realizará dos determinaciones tributarias: una, por el IVA federal recaudado a la alícuota del 21% y otra en orden provincial a una tasa del 5% en la jurisdicción donde reside. Habrá que tener en cuenta que el adquirente de bienes inscripto contará con dos créditos fiscales que deberá utilizar discriminadamente en cada una de estas determinaciones.
Esta sería la compensación para la recaudación provincial sumada al aumento en los impuestos patrimoniales provinciales (Inmobiliario y Automotor) por la actualización de las valuaciones. De acuerdo al pacto firmado, Córdoba deberá adoptar los “procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidos” por la AFIP para fijar alícuotas en un rango de entre 0,5% y 2% del nuevo valor fiscal establecido para los inmuebles.
El convenio establece la coparticipación plena del impuesto al revalúo contable que se suma a la coparticipación del impuesto a las rentas financieras.
Como contrapartida el convenio establece que Córdoba obtendrá un incremento en las transferencias que reciben de la Nación de 0,7 porcentuales del producto entre 2017 y 2020 para lograr un superávit primario de casi 2% del Producto Bruto Interno (PBI).
En 2016 Córdoba logró un superávit fiscal financiero de 3.599,6 millones de pesos apelando a la reducción de la inversión en trabajos públicos, con un ahorro de 400 millones y percibiendo por primera vez en más de diez años 6.356,7 millones de pesos correspondientes al 15 por ciento del Impuesto a las ganancias que era retenido por la Anses y que fue liberado, a partir de este año por el Fallo de la Corte Suprema de Justicia a finales del año 2015.
Además, la Provincia recibirá de la Nación un bono para compensar el desistimiento de los juicios entre ambas jurisdicciones, que implica que Córdoba recibirá unos 530 millones de pesos el año próximo año y 1300 millones los 9 años subsiguientes, según estimaciones que realizó en diálogo con LA NUEVA MAÑANA el ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano.
El titular de la cartera económica anunció que para 2018 se reducirán alícuotas en varios sectores, los más importantes son construcción, transporte y comunicaciones y se eliminará el impuesto en los créditos hipotecarios.
El acuerdo firmado por Córdoba garantiza el giro del monto generado por el déficit de la Caja de Jubilaciones equivalente al monto que estaría soportando la Anses si se hubieran transferido y compromete a la Nación a aumentar la partida del presupuesto 2018 destinada a financiar los sistemas previsionales provinciales.
El Gobierno nacional transferirá el setenta por ciento del total del déficit de este año (cuatro mil millones de pesos) y resolvió junto a Córdoba terminar la auditoria a finales de año para fijar el monto que la Anses deberá girar para sostener el sistema previsional cordobés.
Córdoba se comprometió a establecer un régimen de responsabilidad fiscal para municipios y un esquema para transparentar las tasas municipales y a sancionar una nueva ley de modernización que impulse una Administración Pública al servicio del ciudadano, en un marco de eficiencia, transparencia y calidad de servicio.
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