La fragilidad económica y el bajo consumo, el encarecimiento de los costos y la inestabilidad del mercado externo. El sector aguarda la vigencia de la nueva normativa sancionada.
Ed Impresa 23/07/2021 Facundo Piai
Especial para La Nueva Mañana
La ley aprobada por las dos cámaras legislativas modifica los porcentajes de biodiésel y bioetanol que deben incorporar obligatoriamente las naftas para reducir emisiones contaminantes. Este es uno de los puntos más resistidos por una parte de la industria de combustibles de origen vegetal. Sin grandes alteraciones, el porcentaje de mezcla de bioetanol (producido en base a caña de azúcar y derivados del maíz) se mantiene en un 12%. Mientras que el corte de biodiésel de soja en combustibles fósiles se reduce del 10% al 5%. Asimismo, se redefine el peso de las pymes en el abastecimiento interno. También se fijó un mínimo de 3% para los porcentuales de mezcla obligatoria de ambos biocombustibles. Los detractores de la ley arguyen que esta reducción del contenido de biocombustibles en las mezclas atenta contra legislaciones internacionales, entre otras críticas.
De este modo, frente a eventuales subas de los biocombustibles que distorsionen el precio de la nafta en surtidor, la Secretaría de Energía puede llevar los cortes de mezcla hasta un piso de tres puntos.
Consecuentemente, el nuevo marco normativo contó con el apoyo de los legisladores de las provincias hidrocarburíferas y del norte azucarero. Mientras que, por otro lado, cosechó el rechazo de Córdoba y Santa Fe, provincias en donde se localizan las fábricas de mayor capacidad productiva. Esta última explica el 82% de la capacidad instalada de la industria del biodiésel. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, hay poco más de 30 unidades productivas de biodiésel en el país y la mitad están localizadas en Santa Fe. Inclusive, el 90% de las compañías con mayor capacidad de producción anual de Argentina se encuentran en localidades santafesinas.
La cuenca del Paraná es un paraíso terrenal para esta industria, al combinar la fertilidad de la Pampa Húmeda para la cosecha de la soja; el cordón industrial de Rosario y alrededores, con capacidad instalada, para agregar valor en origen; las rutas fluviales que riegan la región y una infraestructura portuaria que es el portal hacia el comercio internacional. Es decir, en un territorio concentrado se cosecha, produce y comercializa este biocombustible, ahí radican las ventajas competitivas del biocarburante producido en Argentina respecto a los de otros países.
La nueva ley, que se promulgaría en los primeros días de agosto y entraría en vigencia en septiembre, según fuentes de Energía, prioriza para abastecer el mercado interno a las pymes del sector que no producen más de 50 mil toneladas de combustible de aceite de soja al año. Esto beneficia a más del 70% del sector, en su mayoría de capital nacional. Mientras que, por otro lado, las grandes compañías deben apostar principalmente a las exportaciones de su producción, puesto que les quedará la cuota del mercado doméstico que no pueda satisfacer las industrias pequeñas.
Para el director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AAByH), Claudio Molina, la nueva normativa no estimula al sector; contrariamente “impone restricciones a las nuevas inversiones que eventualmente realicen los productores que vienen operando”. Al perder la cuota de mercado interno, el nuevo esquema pone a las grandes compañías a merced del inestable mercado internacional de biodiésel. En donde los grandes consumidores (EE.UU. y UE) implementan todo tipo de aranceles y restricciones para proteger a sus industrias. En consecuencia, explicó Molina a este medio, la falta de incentivo puede hacer que las empresas “se atomicen en emprendimientos más pequeños” para no perder mercado. Consiguientemente, “atenta contra el futuro de la actividad, pudiendo llevar a un significativo aumento de la capacidad ociosa, despidos, congelar nuevas inversiones, etc.”.
El director de AAByH remarca que la ley no genera la previsibilidad que el sector necesita para recuperar los niveles de producción perdidos en los últimos tres años, no incorpora diferentes energías de origen vegetal e “ignora” tratados internacionales a los cuales suscribe el país. Por tanto, no sería de extrañar que haya empresas que judicialicen la normativa.
Contrariamente, para el presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), que representa a las pymes de biodiésel y a una planta de bioetanol, la normativa en cuestión es prácticamente una “continuación de la anterior ley”. Al ser consultado por La Nueva Mañana, Juan Facciano aclaró que en su sector “están conformes”, en términos generales. Si bien el piso de 5% del contenido de biodiésel en las mezclas es bajo, “la expectativa está en el porcentaje efectivo de corte que esperemos sea lo más cercano al 10%, al momento de la reglamentación”.
Otro aspecto en el que el sector pondrá la lupa cuando se discuta el decreto reglamentario tiene que ver con “la fórmula del precio y todos los mecanismos que hacen a la determinación y publicación de los mismos”. Este es un aspecto sensible para los productores puesto que la falta de mecanismos efectivos para actualizar los precios conforme varían los costos llevó al parate de la producción durante algunos meses. La volatilidad económica y la “agresiva” escalada del aceite de soja, principal insumo, que explica el 80% del costo de producción, “nos llevó a resignar” participación en la mezcla con los combustibles “a cambio de precio”. Este será unos de los temas que discutirán con Energía “al momento de la reglamentación”, señaló el presidente de la Cámara de Energías Renovables.
Por último, Facciano, quien también se desempeña en ArgenBio, espera que desde el Gobierno “apuntalen nuevos nichos de mercado” para el diesel de origen vegetal como pueden ser: “El transporte público de pasajeros (flota urbana e interurbana), transporte de cargas, el sector agrícola”. A la par que busquen abrir nuevos mercados que permitan despachar “de acuerdo a la capacidad instalada que tiene el país”. Una tarea ardua, entiende el entrevistado, puesto que EE.UU. y la UE protegen su producción “menos competitiva” denunciando al biodiésel argentino de dumping y competencia desleal. “Al país se lo castiga por tener el complejo agroexportador de biocombustible más eficiente del mundo”, cerró.
Ocurre que los principales consumidores de biocarburantes son al mismo tiempo potencias productoras. En efecto, tanto Estados Unidos como los países miembros de la Unión Europea lograron el pleno autoabastecimiento, razón por la cual traban el arribo de productos de otras economías. Con ocho países en el top 10, los principales importadores a nivel global son los Estados miembros de la UE. Sin embargo, la mayoría de estas importaciones se realizan interbloque, dentro de la Zona Euro. Mercado que estuvo cerrado para el biodiésel argentino entre el 2015-2017 por reclamos de los europeos ante la OMC, que finalmente fueron desestimadas. Actualmente, el Departamento de Comercio de Estados Unidos mantiene altos aranceles que imposibilitan los despachos desde la cuenca del Paraná. Por tanto, en lo que va del año se exportó carburante en base a aceite de soja a: Países Bajos, Taiwán y España.
La inestabilidad del comercio exterior impacienta a los productores, quienes no pueden planificar a futuro por los mecanismos de protección indirecta que implementan las potencias occidentales. En el 2018, el Parlamento Europeo definió reducir el consumo de biocarburantes que utilicen cultivos alimentarios como insumo (llamados de primera generación). Con el pretexto de que la fabricación de estos combustibles implica mayor deforestación para los cultivos agrícolas, el nuevo marco regulatorio adoptado por los europeos clasifica al aceite de palma como “de alto riesgo”. En efecto, se espera que su consumo baje. De ese modo la UE le cerró le cierra las puertas a un exportador importante como es Indonesia. ¿Qué pasará con el biodiésel en base a soja?
Por el lado de los productores de bioetanol, sector compuesto por 17 empresas de mediana escala, la nueva ley mantiene el corte en 12%; repartiendo en partes iguales el abastecimiento de bioetanol de caña de azúcar y el de maíz. El presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Feijóo, reconoció a este medio que los “requerimientos” de su sector fueron contemplados en la nueva normativa. Esperan que la “explicitación” del precio del producto, que es “más adecuada que la ley actual”, permita recuperar ritmo de actividad. El sector, con una capacidad instalada de 700.000 m3, produjo 550.000 m3 en el 2020. Por tanto, si la demanda crece, “por incremento de corte obligatorio o por sustitución de importaciones”, hay capacidad instalada para responder. Inclusive, si hay previsibilidad, la industria puede responder “con las inversiones necesarias para mejorar la participación del combustible renovable en el consumo”, afirmó Feijóo.
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