La Cámara de Apelaciones de General Roca entendió que puede esperar el juicio en libertad y retiró la prisión preventiva. Seguirá procesado.
País 06/07/2019
Redacción La NUEVA Mañana
La Cámara Federal de General Roca ordenó la liberación bajo caución, al entender que no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, del cabo Francisco Javier Pintos, el prefecto acusado de asesinar al joven mapuche Rafael Nahuel, durante una represión en Villa Mascardi, el 25 de noviembre de 2017.
Se trata del mismo Tribunal que lo había procesado por el “homicidio agravado” y que ahora atenuó los cargos contra este integrante del grupo Albatros de la Prefectura que hace un año y medio atrás entró en territorio mapuche recuperado y tras perseguir a un grupo de ellos, disparó con su fusil y mató a Nahuel por la espalda.
Apenas fue firmada la resolución de la Cámara Federal de General Roca, el Juez Federal de Bariloche, Leónidas Moldes, ordenó la liberación de Pintos. Este es el juez que en enero había procesado a Pintos bajo la figura de “homicidio cometido en exceso de legítima defensa”. Es decir que había suscrito el relato del Ministerio de Defensa sobre la existencia de un enfrentamiento armado entre los mapuches y los prefectos, a pesar de que no hay indicio alguno en la causa de que los originarios hayan tenido armas de fuego.
La Cámara de Roca había corregido ese fallo, procesó a Pintos por “homicidio agravado” y le dictó la prisión preventiva. Ahora, menos de dos meses después determinó su liberación.
El 23 de noviembre de 2017 un grupo de mapuches fueron desalojados brutalmente de la Lof Lafken Winkul Mapu, a pocos kilómetros de Bariloche.
Nahuel murió de un disparo por la espalda el 25 de noviembre de 2017 en el terreno de Villa Mascardi. Los prefectos adujeron que patrullaban el lugar cuando fueron atacados por los jóvenes y que ejercieron su defensa con sus armas.
Las pericias determinaron la falsedad del relato del Gobierno nacional y en particular de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich respecto de un "enfrentamiento" cuando lo que realmente sucedió fue un ataque de los prefectos contra los mapuches.
Luego de una multitudinaria marcha, los dirigentes de la central obrera brindaron una conferencia de prensa en el Salón Felipe Vallese y afirmaron que “se mantiene el plan de lucha” y que “no va a resignar ni un ápice de todos los derechos conquistados”.
Decenas de automóviles se movilizaron entre la rotonda del Dante y el Patio Olmos, respondiendo a una convocatoria unificada de la CGT Regional, la CGT Córdoba, las dos CTA y la UTEP. Repudiaron el ajuste del Gobierno y la reforma laboral.
Se juzga privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, supresión de estado civil, alteración de estado civil y sustracción de una niña, entre 1978 y 1979. De las 14 víctimas, siete están desaparecidas. Entre los imputados, hay cinco ex policías.
En el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, las centrales obreras de Córdoba realizan una caravana en rechazo a las medidas de ajuste del Gobierno nacional y en contra de la reforma laboral. En Buenos Aires, gremios y organizaciones sociales, se suman a la convocatoria de la CGT.
La causa investiga la contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández. El "broker" imputado está casado con una secretaria del ex presidente.
En el fallo establece una pena de cumplimiento efectivo. El jugador fue detenido en enero de 2024, días después de que su ex pareja se quitara la vida, ya que la Justicia comprobó que, previo a la decisión que tomó la joven, Benítez había violado el arresto domiciliario para hostigarla.
La prohibición de acercamiento recayó sobre Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra y se dispuso a raíz de un pedido de los abogados de la ex mandataria.
El reclamo internacional coincide con un viaje protocolar del funcionario iraní por Sri Lanka y Pakistán. Vahidi es señalado por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado a la AMIA de 1994, que provocó la muerte de 85 personas.
Tras liberar los precios de la economía, las empresas de medicina prepaga aplicaron aumentos acumulados de cerca del 170% y el Gobierno decidió avanzar en una investigación por posible cartelización.
Del encuentro en Casa Rosada participaron, además, el titular de la AFI, Silvestre Sívori, y el embajador de EE.UU. en Argentina. Los movimientos del grupo terrorista Hezbollah en la región y los ciberataques desde Rusia, estuvieron entre los temas hablados.
Con las nuevas firmas agregadas, la medida cautelar ahora abarca a 23 prepagas que contemplan el 95% de los beneficiarios cubiertos por este régimen. El recurso interpuesto por la SSS apunta a que las empresas retrotraigan sus precios a diciembre.
La acción declarativa de inconstitucionalidad contra el DNU 70/2023 presentada por un conjunto de ciudadanos y abogados de Córdoba con el patrocinio del abogado cordobés Luis Díaz fue recibida por el juez federal Hugo Miguel Vaca Narvaja. “Es la única ADI no rechazada in límine del país. El jueves pediremos al Juzgado que cumpla la acordada de la Corte Suprema reconociendo el proceso colectivo”, señaló Díaz a LNM.
El jueves 26 de abril selló el acuerdo salarial con la Unión de Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS), mientras que el 27 lo hizo con la Unión Ferroviaria y este lunes 29, con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
El mandatario nacional tendrá superpoderes por el plazo de un año tras la declaración de la emergencia pública administrativa, económica, financiera y energética. La votación fue con 134 posturas afirmativas, 117 negativas y una abstención. Fuerte crítica de la oposición.
Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.
