Lorenzetti y Maqueda reiterarán su oposición al beneficio para delitos de lesa humanidad. Rosatti considerará saldado el vacío legal con nueva norma aprobada por el Congreso.
País 04/12/2018
Este martes, la Corte Suprema cerrará el capítulo que abrió el polémico fallo por el “2x1” y sepultará la posibilidad de que ese antecedente se aplique a futuro sobre la situación de otros detenidos por delitos de lesa humanidad.
En un fallo que se conocerá al mediodía, la mayoría de jueces integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti votarán sobre un caso que validará la nueva ley N° 27.362, aprobada por el Congreso en tratamiento exprés, a partir del denominado “fallo Muiña”.
De esta forma, buscarán clausurar la conmoción que marcó a fuego una de las decisiones más resistidas del máximo Tribunal en los últimos años.
El voto que mutará tras la reforma legislativa para inclinar la balanza es el de Rosatti, cuya argumentación entonces apuntaba a un vacío legal que permitía interpretar que la ley penal no hacía distinción sobre el tipo de delitos del acusado.
En la semana previa, había movimientos en torno a la posibilidad de que Elena Highton de Nolasco también invirtiera el sentido de su voto, lo que podría dejar en soledad al presidente Carlos Rosenkrantz, desde cuya vocalía se redactó la médula del fallo conocido el 3 de mayo de 2017.
Hasta ahora, no había habido marcha atrás definitiva sobre la decisión que hasta motivó movilizaciones frente al Palacio de Tribunales en repudio a la sentencia original. Inicialmente mal calibrada por su impacto social, la Corte había beneficiado al represor Luis Muiña con un nuevo cálculo de su pena teniendo en cuenta el período en el que la Ley del 2x1 estaba vigente, antes de su derogación.
El movimiento obligó al Congreso y al Gobierno a apurar una ley correctiva que evitara una extensión masiva de los pedidos para acceder a la libertad de imputados por delitos ocurridos durante la última dictadura.
Explícitamente, se los excluyó de cualquier consideración para una conmutación o cálculo más benigno. Hubo también un cisma dentro de los propios tribunales que se negaron (en su mayoría) a aplicar el fallo como una nueva doctrina, rechazando la oleada de planteos que se generaron.
El caso elegido es el reclamo del represor Rufino Batalla, personal civil de inteligencia condenado por el asesinato de Laura Carlotto, la hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.
El secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj hizo una presentación para que se le deniegue el beneficio. El mismo Rosatti escogió el caso Grabar cuando se estableció el cronograma de sentencias que la Corte planificó hasta fin de año, cuya segunda estación será mañana. El represor aguarda la decisión en libertad, tras cumplir 8 años y 5 meses de prisión de una condena a 13.
El duro revés del Gobierno en Diputados al momento de debatirse en forma particular la "Ley Bases", desnudó la impericia oficial a la hora de tejer acuerdos. Los mandatarios de Juntos por el Cambio emitieron un documento pidiendo que no se les "falte el respeto".
A través del decreto 315/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo autorizó la compra de veinticuatro aeronaves con las que contará el Ministerio de Defensa a cargo de su titular Luis Petri.
El ministro Guillermo Francos aseguró que se insistirá con la idea, tras eliminar al Nación de las privatizaciones de la Ley Bases.
La enfermedad, que se transmite a través del mosquito aedes aegypti, acumula 39.544 casos registrados y es responsable de 29 decesos, según difundió el Ministerio de Salud de la Nación.
El ministro del Interior se comprometió ante los mandatarios del NOA y NEA para habilitar fondos para grandes obras en la región. El funcionario blanqueó que se están "buscando los acuerdos finales" sobre la nueva Ley Bases que el Gobierno enviará al Congreso.
Los organizadores estimaron que alrededor de un millón de personas se movilizaron a lo largo del país. El acto central de la Marcha Federal Universitaria en Buenos Aires, convocó a estudiantes, familiares, docentes, trabajadoras y trabajadores de universidades nacionales, a los que se sumaron numerosos gremios y dirigentes políticos y sociales.
El jueves 26 de abril selló el acuerdo salarial con la Unión de Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS), mientras que el 27 lo hizo con la Unión Ferroviaria y este lunes 29, con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP).
Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.
El entendimiento contempla incrementos salariales para el personal de hospitales provinciales de abril a junio. Los porcentajes acordados van en línea con los aumentos ya cerrados con el resto de las entidades gremiales del ámbito estatal.
Las subas, entre un 4% y 5%, están vigentes en todo el país desde las primeras horas de este 1° de Mayo. En Córdoba, el aumento se registró principalmente en las estaciones de servicio YPF, aunque con el correr de las horas, se esperaba que el resto de las petroleras actualicen sus precios.
Decenas de automóviles se movilizaron entre la rotonda del Dante y el Patio Olmos, respondiendo a una convocatoria unificada de la CGT Regional, la CGT Córdoba, las dos CTA y la UTEP. Repudiaron el ajuste del Gobierno y la reforma laboral.
