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Las entidades de DD.HH. consideran que el decreto "debilita los controles democráticos". Solicitaron al Congreso la anulación de la norma que habilita “aprehender” a personas sin una orden judicial.

Los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón elevaron una denuncia al fuero Contencioso Administrativo exigiendo la suspensión del decreto que amplió las funciones de la SIDE.