En el marco de la causa que investiga el derrame en Taym, ocurrido el 28 de marzo de 2017, el fiscal Alejandro Peralta Otonello imputó a Alberto Alberto Verra, presidente de la planta de residuos industriales, a María del Milagro Araoz Ferrer, Responsable Técnica, y a César Ernesto Ripsky, Gerente Apoderado.
Los tres están acusados del mismo delito: "contaminación ambiental culposa" en los términos de los artículos 56 y 57 de la ley nacional de residuos peligrosos n° 24.051.
Desde la fiscalía de Peralta Otonello, informaron que de este modo se les adjudica "haber contaminado el agua, el suelo, y el aire de un modo peligroso para la salud de la población".
Además, adelantaron que también se avanza en la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios en el hecho. "El agua de Córdoba fue contaminada y ocultada la información", destacaron a La Nueva Mañana.
Derrame contaminante
El derrame del 28 de marzo de 2017 se produjo cuando tras las lluvias, los desagües ingresaron a la planta Taym arrastrando residuos y material lixiviado.
"Esa agua contaminada llegó hasta el canal Los Molinos-Córdoba donde la Empresa "Aguas Cordobesas" del Grupo Roggio la capta para su posterior potabilización y distribución para consumo humano de un tercio de la población del sur de la Capital cordobesa", señalaron desde la fiscalía de Alta Gracia.
Estudios realizados en el Canal Los Molinos confirmaron la presencia de contaminantes en el agua después del derrame que se produjo en la planta de tratamiento de residuos peligrosos. Los mismos revelaron la presencia de hierro, herbicidas, aceite utilizado por aviones y compuestos orgánicos, entre otros residuos contaminantes.
El ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, aseveró que cuando se reabrió la Planta Potabilizadora Los Molinos de la empresa Aguas Cordobesas, "el 29 de marzo, en horas de la tarde, el agua cruda que ingresaba era totalmente apta para potabilizar".
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