El oficialismo en el Concejo Deliberante cumplió con el pedido que había realizado hace poco más de una semana el intendente Ramón Mestre y puso primera en pos de conseguir la aprobación del nuevo pliego de licitación para la recolección de residuos en la ciudad. Sin embargo, y pese al formalismo alcanzado en el día de ayer con la reunión de comisión y la sesión extraordinaria en la que se votó el tratamiento en doble lectura, los votos son la gran preocupación para el bloque Juntos Por Córdoba.
Dentro de la bancada oficialista, se sabe que en las últimas horas el macrista Abelardo Losano impuso condiciones dentro del bloque y elevó lo que considera “correcciones” al pliego que ingresó en el poder legislativo sobre el final del 2016. Con lo cual, a lo manifestado desde hace varias horas por la socialista Laura Sesma –con bloque unipersonal tras la salida del oficialismo el año pasado-, el bloque que responde al intendente sumó un nuevo dolor de cabeza con una de las espadas del PRO.
Es por ello que ante esto, lo formal va por un lado mientras que el debate, la discusión o la “rosca” (según como se lo quiera calificar) va por otro.
Este martes por la mañana, se reunió la comisión de Servicios Públicos para tratar el pliego y la base de condiciones para la licitación pública nacional, para la concesión del servicio de la recolección de residuos. Tras la reunión con los representantes de los distintos bloques, se decidió que se convocará para este jueves a miembros de la Secretaría de Servicios Públicos que comanda Julio Waisman para dar algunos detalles del proyecto.
Pero la actividad en un cuerpo que habitualmente comienza en marzo, no terminó ahí. En horas de la siesta, y en una sesión extraordinaria acotada, la coalición radical-macrista más Sesma votaron para que haya tratamiento en doble lectura del pliego y que en el medio, como ocurre en este tipo de proyectos, haya una audiencia pública.
Qué dijeron los ediles
Tras la sesión, tanto desde el oficialismo como desde la oposición salieron a manifestar su postura en cuanto al proyecto. Con el eje puesto, sobre todo, en la celeridad de la coalición gobernante para aprobar el nuevo pliego.
El radical Lucas Cavallo, jefe del bloque Juntos Por Córdoba, dijo que “no hay ningún apuro”. “Este expediente ingresó el año pasado para que todos los concejales pudieran leerlo en estos 45 días y después tratarlo” dijo y agregó que “todos los pliegos que envió el Ejecutivo tuvieron en su momento modificaciones en el Concejo”, casi como abriendo el escenario para el diálogo interno a fin de conseguir las voluntades necesarias.
En tanto, desde el Movimiento ADN, su líder Tomás Méndez dijo: “sostenemos que cuando el servicio de la basura está en manos privadas, detrás hay un gran negocio. En esto coincido con algunos concejales oficialistas que opinan lo mismo y sólo espero que al momento de votar, no lo hagan a favor”, apuró el periodista.
Méndez es uno de los que avaló en esta discusión el mecanismo de trabajo de la Crese, cuando el servicio en su totalidad permanecía en manos del Estado durante la gestión de Daniel Giacomino. Y es Méndez además, uno de los que en las últimas horas se mostró con el socialista Eduardo García, extitular de la empresa estatal. Aquí hay otra lectura: el referente de ADN se acercó al socialismo santafesino en el final del año pasado.
“Para que exista un negocio en torno al tema de la basura alguien tiene que permitirlo. En esta situación particular hay una empresa, hay trabajadores y está Mestre” agregó Méndez destacando, desde los costos, el trabajo que llevaba adelante Crese.
“El dato más clarificador es que Crese tuvo un presupuesto final en el 2011 de 200 millones de pesos anuales, si a eso le sumamos el índice Congreso de inflación hasta el 2016 el servicio debería costar en monto actualizado aproximadamente 750 millones de pesos. Sin embargo, durante 2016 se destinaron 3 mil millones de pesos”, concluyó Méndez.
Por su parte, Dómina, desde Unión Por Córdoba dijo que con este proyecto “se va a dejar presa a la ciudad por ocho años”. Esto de acuerdo al pliego que contempla ese tiempo, como así también que se limite a empresas nacionales y respetando los convenios actuales que existen entre Lusa y Cotreco con los trabajadores.
“Queremos un debate integral para que se sepa qué va a pasar con Crese y Cormecor. El sistema actual está desguazado” dijo Dómina.
