Lo exigen concejales opositores para cumplir la ordenanza que da el marco regulatorio a la recolección de residuos. El intendente asegura que su creación es responsabilidad de los ediles.
Política25/06/2018 Jorque Luque
Por: Jorque Luque - Especial para La Nueva Mañana
El bloque de concejales de Fuerza de la Gente presentó días atrás un proyecto de resolución, por el que intima al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a que cumplimente lo dispuesto en el artículo 61 de la ordenanza 12.648 (marco regulatorio para la gestión de residuos sólidos urbanos), y remita al Concejo Deliberante –en un plazo de 120 días- la propuesta de creación, organización y funcionamiento del ente regulador de los servicios públicos, una versión del Ersep provincial.
La iniciativa, que no contaría con la premura de tratamiento legislativo por parte del bloque oficialista Juntos por Córdoba, otorga en función a la mora en que se encontraría el DEM, el plazo de cinco días contados a partir de la sanción hipotética del proyecto de resolución, la puesta en funcionamiento.
La propuesta persigue como fin que el gobierno municipal cumpla con la ordenanza 12.648, sancionada en abril de 2017, que en su artículo 61 le impuso la carga pública al gobierno de Ramón Mestre para que en el plazo de ciento veinte días enviase al Concejo Deliberante el proyecto de creación del ente de servicios públicos.
La creación de un ente de control para los servicios públicos que presta el municipio fue promesa de campaña del actual intendente en la elección municipal de 2011. En 2008 cuando Mestre era concejal presentó un proyecto al respecto.
“Tal condición fue votada por el propio bloque de Juntos por Córdoba al momento de la sanción del marco regulatorio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos. La falta de un organismo de control de los servicios públicos es una deuda del intendente Mestre que arrastra desde su época de candidato a la intendencia”, expresa el concejal Fernando Masucci en la fundamentación del proyecto.
“En ese sentido, el incumpliendo del DEM constituye desde el plano de lo ético un episodio de magnitud que se agrava frente al incumplimiento legal, toda vez que la ordenanza le ordena y su mora podría encuadrarse en incumplimiento de los deberes de funcionario público”, añade el concejal.
Masucci interpreta políticamente que el “actual contexto donde hubo un aumento de la tarifa del servicio de transporte masivo, mediante decreto (de quien no cumple con la creación del ente de control de los servicios públicos, el intendente Mestre), configura un modo de actuar que deja por sentado la complicidad que sólo perjudica a los vecinos y premia al sector que debe ser controlado”.
La Carta Orgánica Municipal prevé en su artículo N° 109 (Título II, Capítulo III) la creación de entes con la finalidad de lograr el control de los servicios públicos que brinda el Estado municipal. La sanción de la constitución de nuestra ciudad data del año 1995, durante el segundo mandato del ex intendente –ya fallecido- Rubén Américo Martí. Han transcurrido más de veinte años y sin embargo esta figura jamás fue utilizada.
La misma Carta Magna indica que el control de la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, conforme a su marco regulatorio, está a cargo de entes que pueden crear las ordenanzas, cuestión que en el caso del marco regulatorio para la gestión de residuos sólidos urbanos, aún espera la remisión de la ordenanza específica desde el Palacio 6 de Julio.
Además, el intendente designa a los miembros de los entes de control de los servicios públicos, mediante procedimiento que asegure la idoneidad y la igualdad de oportunidades, con acuerdo del Concejo Deliberante, y duran hasta cuatro años en sus funciones. No pueden exceder el mandato del mismo intendente que los designa. Asimismo, conservan su cargo mientras dure su buena conducta y pueden ser removidos por el mismo titular del DEM con acuerdo del Concejo Deliberante.
Finalmente, la Carta Magna municipal señala que las ordenanzas reglamentan la estructura de los entes y aseguran los principios de legalidad, eficiencia., imparcialidad, publicidad y la necesaria participación de los usuarios. Todos estos preceptos enunciados, aún son letra muerta.
“El vivir en sociedad requiere ordenamientos y planificación. En ese sentir analizar, seguir, evaluar y controlar, como se prestan los servicios públicos cualquiera fuera su modalidad, tanto sea por sí misma o por terceros o organismos descentralizados, es de vital importancia, si es que existe la voluntad de controlar”, expresan desde el bloque de Fuerza de la Gente.
“A nadie escapa que la actualidad refleja cuestionamientos, dudas, de cuál es la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. La Ciudad de Córdoba, que es la más extensa en su ejido territorial, demanda ya por sí solo que los servicios públicos sean planificados, pero también evaluados a los efectos de corregir los defectos y incumplimientos”, añaden los riutoristas.
La bancada que responde aún a la ex secretaria general durante el primer gobierno de José Manuel de la Sota (1999-2003) y ex concejal (2007-2011), Olga Riutort, presentó dos años atrás un proyecto de ordenanza para crear el organismo de control de servicios públicos de la Municipalidad de Córdoba, el que actuará como persona jurídica, autárquica, con independencia financiera y funcional y dotada de la más amplia capacidad jurídica.
Dicho organismo de control tendrá a su cargo el control funcional en el manejo de los servicios públicos que presta el Palacio 6 de Julio cualquiera fuese su modalidad, tanto sea por sí misma, como por órganos descentralizados, autárquicos o por personas privadas; para asegurar la eficiencia, eficacia y cumplimiento del servicio en los términos de su regulación respectiva.
“Hasta ahora, por los resultados, queda a luz de que el Estado no ha tenido la capacidad y la fuerza de actuar con firmeza y rapidez a la hora de controlar y sancionar. Necesitamos un organismo, que actúe en forma autónoma, y que aplique protocolos técnicos de actuación que permitan cumplir con sus objetivos. Este organismo debe asegurar tener una participación de los ciudadanos, quienes son los destinatarios de los servicios públicos”, pregonaban los autores de la iniciativa.
“En ese actuar creemos que es muy aceptable que la designación de los integrantes del ente sea realizada a través del llamado a concurso público en donde se merite los antecedentes y se evalúe la capacidad técnica de quienes deben controlar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Necesitamos órganos independientes y con capacidad técnica; el control debe ser una política de Estado, que transcienda a los gobiernos”, expresaban los riutoristas.
La creación de un ente de control para los servicios públicos que presta el municipio fue promesa de campaña del actual intendente en la elección municipal de 2011, cuando fue ungido con el 35,65 por ciento de los votos. Asimismo, en el año 2008 cuando ya era concejal presentó un proyecto al respecto.
El titular del Foro de intendentes de la UCR participó el pasado viernes de la firma de acuerdos de colaboración cultural con la Municipalidad de Colonia Tirolesa a cargo del radical Oscar Lauret. En ese marco institucional, pero de clara acción política que cristaliza su aspiración de arribar al Centro Cívico de cara a la elección para elegir gobernador el próximo año, mantuvo una breve conversación con La Nueva Mañana, y afirmó que son los propios concejales los que tiene la responsabilidad de crear el ente regulador de los servicios públicos de la Municipalidad de Córdoba.
“Una buena alternativa para dotar a un ente de más independencia, criterio técnico y menos subordinación política sería avanzar como el Ente Regulador de la Electricidad (Enre) o el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a directorios donde sus integrantes son designados por concurso público”. Juan Pablo Quinteros
“Yo, cuando fui concejal en el periodo 2007-2009, presenté un proyecto, uno de los primeros presentados para la creación del ente municipal, pero no me corresponde a mí hablar de estos temas porque son los concejales los que tienen que resolver qué hacer con la creación o no de un ente de control de los servicios públicos. Yo creo que es una herramienta muy importante. Pero bueno… habrá que preguntarle a los 31 concejales qué es lo que pretenden hacer en ese sentido”, dijo Mestre.
También, meses atrás el intendente había manifestado públicamente que su proyecto “no era para crear más burocracia. Todo lo contrario. Yo creo que será muy bueno tener un Ente de estas características, que controle los servicios que presta el municipio. Digo esto porque algunos pícaros dicen que con esto queremos agrandar el Estado. Quiero decir que durante mis gestiones se achicó el Estado. Asumí con 14.350 empleados y en la actualidad hay 13.100 agentes, sumando también a las distintas empresas municipales”.
La Carta del Ciudadano (ley 8835) establece que el Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep) es un ente autárquico con individualidad financiera. Depende funcionalmente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a cargo de Fabián López.
“Tiene una eficiente gestión en cuanto tiempo a la resolución de reclamos de usuarios ante los pedidos de los mismos frente a las prestadoras de servicios. Defecciona en su rol de regulador y contralor de la calidad del servicio de las prestadoras y sus cuadros tarifarios. Sin duda por la composición del directorio esta cuestión se torna política y el oficialismo impone su mayoría lo que, en cierta medida, no siempre la pone del lado de los usuarios”; comentó al respecto el legislador provincial del Interbloque Cambiemos y ex vocal por la oposición en el Ersep, Juan Pablo Quinteros.
“Una buena alternativa para dotarla de más independencia, criterio técnico y menos subordinación política sería avanzar como el Ente Regulador de la Electricidad (Enre) o el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a directorios donde sus integrantes son designados por concurso público, donde se considera la idoneidad requisito más importante que la pertenencia política a determinado espacio. Sería un gran avance y una importante decisión para jerarquizar los entes de control”, añadió el dirigente juecista.
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