Ante la decisión de trasladar la audiencia pública de este 22 de diciembre en torno a la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos a Villa María de Río Seco, el oficialismo argumentó que “allí se encuentran los interesados” en esta discusión. La referencia es a los sectores del agro que abrazan la iniciativa oficial de seguir avanzando sobre el monte (Cartez-SR-FAA), sacando de categoría roja a buena parte de las 1.800.000 hectáreas que actualmente se encuentran protegidas.
El biólogo Lisandro Agost detalla el impacto que ha sufrido esa zona por el desmonte en los últimos años, con una pérdida de 25.000 hectáreas de especies nativas en los últimos quince años.
Un caso testigo
Agost, miembro de la cátedra de Antropología de la Facultad de Exactas de la UNC, especifica que el departamento Río Seco, “ocupa el triste tercer puesto (después de Ischilín y Tulumba) del ranking de departamentos con mayores pérdidas de cobertura de árboles entre el año 2001 y 2014”, con “más de 25 mil hectáreas” deforestadas.
En especial apunta que en la localidad donde se desarrollará la audiencia pública este jueves se grafica que “los únicos relictos de bosque nativo sobreviven en aquellos lugares donde el proceso agroindustrial no puede avanzar: las sierras”.
El técnico agrega que, a 30 kilómetros al sudeste de Villa de María, donde se discutirá el futuro de los que queda de bosque en Córdoba (3,5 por ciento de las 12 millones de hectáreas que supo tener), se encuentre Sebastián Elcano. Es esta localidad la que “más cobertura perdió a su alrededor: 4147 hectáreas en 14 años”.
Este sitio es un emblema del avance del ‘agronegocios’. Al análisis de Agost se puede agregar que allí se han dado casos testigo de la violencia de este modelo sobre la vida campesina. No sólo con el avance sobre el monte, que implica liquidar prácticas productivas, alimentarias, medicinales, religiosas de generaciones sino con el desalojo liso y llano. En esta zona, resisten familias como la de Ramona Bustamante y la de René Olivera. La brutalidad empresarial llegó para ambos en 2004 en busca de las tierras que sus familias siempre habitaron. Testigos en carne viva de esa conflictividad silenciada por el exitoso modelo productivo pudieron frenar esas avanzadas, quedarse en el monte. Otros tantos corrieron distinta suerte.
Los últimos números de un organismo público (Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación) sobre el avance en tierras campesinas en Córdoba son de 2013. Al menos 69 familias campesinas se encontraban amenazadas: 100.000 hectáreas en disputa. La alta conflictividad que ganaba espacio público a inicios de los 2000 bajó de temperatura.
Regresión
Ese mismo hambre de expansión de la frontera agro-empresarial a como dé lugar se expresa por estas horas. Dice Agost que al igual que en 2010, “cuando se desconoció el amplio proceso participativo de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) que elaboró un anteproyecto de ley consensuada, hoy se vuelve a dirimir el futuro de nuestros bosques en un proceso cuestionado, antidemocrático y regresivo”. “Pareciera que una vez más se escuchan sólo algunas de las voces involucradas en esta problemática: las que tienen mayor peso económico y político”.
