La iniciativa fue impulsada por la Diputada nacional Gabriela Estévez (FPV-PJ), quien presentó un proyecto de ley de “Responsabilidad Social y Sustentabilidad de Fabricaciones Militares”.
La medida contempla objetivos tales como establecer la preferencia en la adquisición, locación o leasing de bienes y servicios que hayan sido elaborados, reparados o modificados por Fabricaciones Militares para las fuerzas armadas y las fuerzas policiales.
Además, prohíbe por un periodo de 24 meses el despido sin causa o suspensión de cualquier trabajador. El documento también pregona por la reactivación de programas tales como el Proyecto Vagones de la Fábrica Río Tercero, el Proyecto Radares en convenio con INVAP y el convenio con el Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) para la fabricación de arcos para contención de galerías y tubos de aireación para la ventilación.
En ese sentido, Estévez expresó: “Entendemos que la defensa de Fabricaciones Militares y de sus trabajadores es la defensa de nuestra industria nacional, de nuestras economías regionales, de las potencialidades de desarrollo científico-tecnológico de nuestro país y, en definitiva de nuestra soberanía”
