Miguel Apontes
Este jueves se llevó adelante en Córdoba -al igual que en el resto del país- una multitudinaria marcha en defensa de la educación pública. Se trató de la 5ta. Marcha Federal Universitaria, que las primeras estimaciones la colocan como la más concurrida dede la primera movilización, realizada allá por abril de 2024, a pocos meses de haber asumido la Presidencia Javier Milei.
Al igual que en el resto del país, el reclamo principal tiene que ver con la aplicación plena de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que el Gobierno nacional se niega a implementar.
Detrás del cartel principal “En defensa de la universidad pública y la ciencia” se ubicaron autoridades de las universidades convocantes, dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles. Entre los funcionarios y funcionarias provinciales, se destacó la presencia de Liliana Montero.
La secretaria General de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia dijo a La Nueva Mañana que le resulta "increíble" marchar, salir a las calles, para exigir "que se aplique la ley por parte de quien debe ser el principal responsable de cumplir las leyes, que es el Poder Ejecutivo Nacional".
Montero hizo una comparación con una situación doméstica: "Es como en una casa, cuando le pedimos a nuestros hijos que hagan algo, pero nosotros no somos capaces de hacerlo".
"Esta 5ta. Marcha Universitaria vuelve a poner en la agenda el despropósito que tiene el Gobierno nacional, en donde, en nombre del ajuste, no se hace cargo de absolutamente nada", añadió la funcionaria.
Y respecto a los recurrentes incumplimientos del gobierno libertario, Montero señaló que el Ejecutivo, además de no hacerse cargo de la educación, "no se hace cargo de la discapacidad, no se hace cargo de los jubilados".
"La verdad que Córdoba da con esta movilización muestras de unidad, de unidad de los distintos sectores políticos, gremiales, sociales, de los trabajadores, para decirle a Milei que las leyes están para cumplirlas, que el Congreso debe ser respetado y que la educación pública es lo que saca a los países adelante", abundó.
-¿La actitud del Gobierno nacional pude considerarse que viola la división de poderes?
-La división de poderes te la debo. Además, hay una permanente denostación del rol que cumplen los poderes: el Congreso sanciona, después ratifica, y la Justicia se pronuncia a favor de la aplicación de la norma. Hemos llegado al punto en donde se le pretende aplicar una multa al Gobierno nacional por no aplicar la ley. La verdad que es una cosa tremenda. Lo que también hay que decir claramente es que la responsabilidad absoluta no está en los ministros, no está en los secretarios, está, básicamente, en quien conduce la Nación argentina, que yo creo que es, sin lugar a duda, el Presidente apoyado por importantes grupos económicos.
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