
La universidad pública es una "herramienta fundamental" de movilidad social ascendente
Redacción La Nueva Mañana


El documento oficial de la quinta Marcha Federal Universitaria de Buenos Aires, titulado "Por la educación, la soberanía y la democracia", planteó que el incumplimiento del Gobierno Nacional de la Ley de Financiamiento pone en riesgo "nuestra democracia y nuestro sistema republicano".
El texto fue firmado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Explica el texto que "el incumplimiento sistemático del gobierno nacional de las leyes con las que no acuerda ni ha promovido y de las medidas judiciales que lo obligan a efectivizarlas es la expresión de su voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia, reemplazando las funciones legislativas que son propias del Congreso de la Nación.
En virtud de ello, el cónclave universitario expresó su acuerdo con el reclamo ciudadano por la derogación del DNU 70/23 que anula leyes emanadas del Congreso de la Nación y declara otras que no han sido sometidas al necesario debate parlamentario. "El Congreso de la Nación tiene la enorme responsabilidad de defender nuestras instituciones y someter a su deliberación todas las leyes que se crean necesarias para nuestro país", aludió el documento.
"Los grandes hitos que conforman el modelo universitario argentino hacen al armado de nuestra nación y a la infraestructura del conocimiento que el país necesita", expresó el documento, en referencia a la formación de las elites, las clases medias y populares; la autonomía y el cogobierno; la gratuidad; el ingreso irrestricto; la territorialidad inclusiva; la extensión como horizonte de articulación con los problemas sociales y productivos nacionales y provinciales; y su conformación como espacios de trabajo con derechos.
Acto seguido, defendió a la ciencia y la tecnología como "parte sustantiva de la universidad pública argentina" que contribuye de manera fundamental a la soberanía del conocimiento.
En esa línea, subrayó que es obligación del Estado garantizar los derechos a la educación y la producción científica y tecnológica; la salud; el trabajo digno; la cultura; el sostenimiento de una industria nacional; y la protección de los recursos naturales.
A continuación, sentenció que "este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad argentina que siempre creyó en la educación"; y graficó que el reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el gobierno, "el más bajo de la historia en materia educativa", que destina menos del 1% del PBI.
"La universidad pública es una herramienta fundamental de justicia social, movilidad social ascendente y construcción de soberanía nacional. Sin embargo, garantizar su gratuidad no alcanza si las y los estudiantes no cuentan con las condiciones económicas necesarias para sostener sus estudios y, sobre todo, si el gobierno nacional se sigue negando a cumplir la ley", avanza el texto y alerta que "el severo deterioro del sistema de bienestar estudiantil impacta de lleno en el corazón de la universidad pública" y remarca que "las becas no constituyen un subsidio ni un gasto: son la herramienta imprescindible para garantizar el acceso, la permanencia y el egreso de miles de jóvenes que necesitan del apoyo estatal para sostener sus estudios".
"Desmantelar el sistema de becas no constituye una mera meta de equilibrio fiscal; representa una política de deserción forzada que amenaza con transformar a la universidad pública, una vez más, en el privilegio de unos pocos", completó el texto leído en el acto.
Y en cuanto al personal de las casas de altos estudios, subrayó que "la decisión del gobierno nacional de asfixiar las universidades nacionales tiene uno de sus núcleos más duros en el ataque al salario y a la negociación colectiva de trabajadores docentes y nodocentes".
Esta decisión generó -alertan- un persistente deterioro del poder adquisitivo de los salarios, una alarmante precarización de las condiciones de vida de docentes y no docentes; poniendo en riesgo vocaciones académicas, saberes acumulados y capacidades técnicas y estratégicas.
"Hay grandes temas que deben discutirse y resolverse: la restitución del FONID, la revisión del nomenclador preuniversitario, los problemas de las plantas docentes y nodocentes, los fondos de capacitación, las garantías salariales y el pase de todos los montos cobrados a sumas remunerativas y bonificables. Trabajadoras y trabajadores de las universidades nacionales, como toda la clase trabajadora, atravesamos un momento crítico en materia de salud y del sistema jubilatorio. No vamos a resignarnos a perder nuestra salud y nuestro derecho a una jubilación digna", agregó el documento.
Frente a este panorama, como lo han planteado en otras oportunidades, el cónclave universitario advirtió que "las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene" y que, en este contexto, "Argentina va a terminar, por tercer año consecutivo, con uno de los gastos públicos en educación superior más bajos de América Latina".
Respecto al Presupuesto 2027, presentado por el Poder Ejecutivo, advierten que no contempla las partidas requeridas por la Ley de Financiamiento Universitario ni prevé la recuperación de las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico.
"En contraposición, la propuesta presupuestaria elaborada por el CIN y elevada a las autoridades educativas nacionales no solo contempla el cumplimiento de la ley que reclamamos que se aplique, sino que procura restaurar la previsibilidad indispensable para el normal funcionamiento institucional y proyectar un desarrollo razonable de la educación superior. En este sentido, el presupuesto para las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto de ley de presupuesto presentado por el ejecutivo nacional", aludió el texto.
Al cierre, el documento destacó que la quinta Marcha Federal Universitaria condensó una vez más la voluntad de toda la comunidad universitaria y del pueblo de la nación de defender las universidades públicas como un preciado bien estratégico.
"Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución. Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social", concluyó el documento, subrayando que "los países que se soñaron grandes, capaces de asegurar una vida y un ambiente saludables para sus pueblos son aquellos que hicieron la apuesta sostenida de tener un sistema de educación de calidad, ciencia y tecnología nacional con capacidades de resolución de sus problemas, y un dispositivo que movilice el talento y la creatividad social en todos sus niveles".
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