Redacción La Nueva Mañana
La Justicia federal volvió a intimar al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
El magistrado Martín Cormick estableció un nuevo plazo de cinco días y advirtió que, en caso de persistir el incumplimiento, podrían aplicarse multas económicas por cada jornada de demora.
La resolución se da en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para reclamar la aplicación de la Ley 27.795. La medida cautelar, que contempla la actualización de los salarios de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles, se encuentra firme luego de que fuera ratificada en distintas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema en junio pasado.
Cormick sostuvo que no existe un cumplimiento total de la cautelar y ordenó al Estado nacional avanzar con las obligaciones pendientes. La advertencia sobre las denominadas astreintes implica la posibilidad de imponer una sanción económica por cada día en que persista la demora.
El Ejecutivo, sin embargo, sostiene una posición diferente. El Gobierno presentó un recurso contra la intimación y afirmó que ya cumplió con las obligaciones alcanzadas por la medida cautelar. También solicitó que no se apliquen las multas previstas por el juez.
La disputa judicial se produce mientras docentes y no docentes de universidades nacionales llevan adelante un paro hasta el viernes, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios reclaman una actualización del 33,4% y cuestionan la política salarial del Gobierno.
El conflicto suma así una nueva instancia judicial al reclamo universitario, que también tiene como escenario el debate por el Presupuesto 2027 y la discusión sobre los recursos destinados a las universidades públicas.
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