Redacción La Nueva Mañana
La Libertad Avanza, junto a sus aliados del PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), logró pisar más fuerte en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados al alzarse este martes con el dictamen de mayoría del proyecto para morigerar el problema de la alta morosidad en las familias argentinas.
Sin embargo, se trata de una mayoría circunstancial, que responde a la forma de integración de las comisiones, y en la oposición se entusiasman con dar vuelta la tendencia cuando llegue el tema al recinto.
Al promediar la reunión conjunta de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, se anunció que el proyecto del oficialismo había acaparado 32 firmas, superando las 27 que cosechó la iniciativa firmada por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
Los dos representantes de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega suscribieron un tercer dictamen de minoría.
El proyecto del oficialismo, que resultó dictamen de mayoría, se denomina "ley de transparencia crediticia, educación financiera, mitigación del fraude digital y protección de los consumidores".
Tal como anticipa su título, la iniciativa hace hincapié en brindar información detallada al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.
La diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici criticó a la oposición por el "atajo" de proponer "parches" que a su juicio provocan "la caída y el quiebre del régimen financiero".
Sobre el dictamen, señaló que uno de los pilares es la transparencia y el acceso a la información de créditos al consumo, con especial detalle en los créditos de corto plazo, que son los que suelen tener tasas más altas.
Otros ejes de la iniciativa son la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de sus obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas.
"Estas formulaciones del pasado (topes a las tasas, plazos obligatorios, condonaciones de los punitorios) nos recuerdan y nos retrotraen exactamente al punto en el que estuvimos con la ley de alquileres. No aprendieron lo suficiente: poniendo topes ficticios porque lo diga una ley momentánea, lo que hacen es quebrar un mercado, quebrarle las posibilidades de oportunidad a la gente para poder pensar en un país distinto, en la esperanza del futuro y en la construcción del bien común", cerró Giudici cuestionando el "populismo" de la oposición.
El proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado "ley de regularización y alivio financiero", declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.200.000 pesos).
En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.
Cada persona que voluntariamente desee adherir al régimen de regularización lo deberá tramitar ante su propio acreedor, y si este no admite la gestión, interviene el Banco Central.
"No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. Entonces, vemos que el dictamen del oficialismo sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos", resaltó el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano.
Sobre el límite de hasta dos canastas básicas, el radical bonaerense explicó que el foco tenía que estar puesto en "las personas que no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas".
"No queríamos que cualquier persona que esté endeudada entre en el régimen, por eso ponemos el tope de las canastas", agregó al respecto.
Por otra parte, el proyecto de UP y PU le pone un límite a la tasa de interés, pero le garantiza a los acreedores una ganancia moderada, que consiste en un plus sobre la tasa de refondeo mayorista (TAMAR).
"El límite se aplicará sobre el costo financiero total de la operación, comprendiendo intereses, comisiones, cargos, seguros y todo otro concepto a cargo de la persona deudora, excepto impuestos, y se calculará sobre los saldos efectivamente adeudados", se detalla en el proyecto.
Un aspecto no menor del proyecto es que se condona el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital, y se ponen límites a los intereses compensatorios.
La iniciativa además incluye un capítulo de portabilidad financiera, otro sobre cobranzas abusivas y otro de educación financiera.
"Nuestra ley es de orden público. Son derechos irrenunciables", destacó Juliano, quien concluyó diciendo que desde la oposición les parecía bastante cruel construir un dictamen donde a la gente se la mande a hacer un curso de educación financiera nada más" como propone el Gobierno.
Fuente: NA
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