Miguel Apontes
Tras conocerse la imputación dispuesta contra el dirigente Pablo Ortíz, este martes el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, le aceptó la dimisión al cargo que ostentaba desde 2024 en el directorio de Cormecor (Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba) que gestiona los residuos de varias localidades.
En el comienzo de la semana, la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 2 de Alta Gracia, a cargo del fiscal Alejandro Peralta Otonello, acusó formalmente a Ortíz, quien además es concejal de dicha localidad, aunque en uso de licencia.
La imputación que pesa sobre el referente del oficialismo provincial en el departamento Santa María no es menor: abuso sexual, hurto y defraudación.
El caso de Ortíz representa un nuevo escándalo y que salpica a dirigentes y funcionarios. Se produce en momentos donde en la Legislatura de la Provincia la mira está puesta en los asesores que nombran algunos legisladores, independientemente del espacio político al que pertenezcan.
En la Unicameral flota la idea que muchas veces no se tienen en cuenta sus antecedentes al nombrar asesores, todo a partir de quedar al descubierto sospechas sobre graves delitos vinculados a violencias de género ventilados en las últimas semanas.
Las primeras denuncias en la Justicia involucran a Pablo Ortíz y su expareja. Se trató de presentaciones "cruzadas" de junio pasado ante la Fiscalía y vinculadas a violencia familiar. El abogado Oscar Zárate, que patrocina a la expareja de Ortíz en la denucia por hurto y defraudación, en diálogo con La Nueva Mañana explicó el curioso derrotero de estas causas.
"Esto arranca con la denuncia y contradenuncia de Ortiz con su expareja, allá por el 22 de junio, ambas son de violencia familiar. Como la denuncia de Ortiz entra primero, el juez de violencia familiar, no el fiscal, dispone medidas cautelares, como ocurre en todas estas causas, excluyendo a la expareja, con prohibición de tomar contacto con Ortíz, acercarse a la casa y lugar de trabajo. La denuncia de la expareja ingresó con posterioridad, y fue por lesiones, coacción y abuso sexual. Así, con estas dos denuncias, en un primer momento las alternativas de la Fiscalía eran dos: o imputa a ambos o no imputa a ninguno".
Por tratarse de denuncias de violencia familiar, en general carentes de testigos, hechos que se producen "intra muros", desde la Justicia se ordenan pericias psicológicas antes de disponer cualquier imputación.
La particularidad en este caso fue que, al encontrarse el fiscal con otra denuncia, esta vez por hurto y defraudación, donde se habían recolectado suficientes pruebas y se referían a hechos supuestamente cometidos aprovechando "las restricciones de acercamiento a su expareja", el fiscal Alejandro Peralta Ottonello decide imputar a Pablo Ortíz por los graves delitos de abuso sexual con acceso carnal, hurto y defraudación.
En consecuencia, Ortíz ahora está imputado por lesiones calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas calificadas, coacción agravada, usurpación por turbación de la posesión y defraudación por retención indebida.
Oscar Zárate, que lleva adelante la denuncia por hurto y defraudación, amplió a LNM: "Como eran dos denuncias por violencia familiar, que normalmente son sin testigos, cobra trascendental importancia la pericia psicológica de los denunciantes. Pero como después entra la otra denuncia, donde decimos que, aprovechando la exclusión que tenía su expareja, en connivencia con otra mujer, Ortíz sustrae un auto del taller donde ella no podía acercarse, mediante un ardid tratan de hacer la transferencia a nombre de esta mujer, de nombre Julieta, empleada del taller. Esa maniobra la advertimos, y además denunciamos que faltaban algunas pertenencias de la expareja de Ortiz, desde ropa hasta alhajas, y que estaba usando la mujer que aparece como compradora del automóvil".
Con los elementos aportados en la denuncia por hurto y defraudación, el fiscal imputó a Ortiz y a su cómplice por hurto y tentativa de transferencia fraudulenta, además de resolver la imputación en el marco de las denuncias cruzadas de violencia familiar.
"Las dudas que tenía la Fiscalía se disiparon y, sin esperar a las pericias, tuvo elementos de convicción y dispone la imputación de Pablo Ortíz por coacción calificada y el abuso sexual con acceso carnal", señaló el abogado.
La Fiscalía ordenó entonces para Ortiz una prohibición de acercamiento, comunicación y cualquier tipo de contacto con su expareja. La medida también alcanza para quien sería la cómplice de hurto y defraudación, Julieta Balchori. Ambos fueron citados por la Justicia para declarar en calidad de imputados el 18 y 19 de noviembre, según se conoció de fuentes de la Fiscalía.
Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).
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