Redacción La Nueva Mañana
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ordenó este martes por la tarde la inmediata libertad de Paola Ortiz, quien se encontraba presa desde hacía 13 años por una emergencia obstétrica.
El máximo tribunal provincial hizo lugar al pedido de revisión de su condena que habían presentando Rocío García Garro, de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, y Julia Luna, de Fuerza Chuncana; y reconoció la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena de prisión perpetua que le fuera impuesta hace más de 13 años, entre ellas el contexto de vulnerabilidad, pobreza y violencia que atravesaba.
Se trata de una resolución trascendente por la aplicación de la perspectiva de género y un antecedente de notable repercusión para las demandas feministas.
Al respecto, Mónica Menini, abogada feminista y referente de Católicas por el Derecho a Decidir, repasó que Paola Ortiz fue condenada a prisión perpetua en 2012 por una emergencia obstétrica, un parto en avalancha interpretado como homicidio agravado por el vínculo.
"Durante 13 años estuvo presa en la provincia de Córdoba hasta que abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir pudieron conversar con ella y decidieron, como parte del litigio estratégico de la organización, presentar un recurso de revisión ante el TSJ", agregó y como novedad, precisó que el máximo tribunal aceptó el recurso de revisión, analizó todos los atenuantes de esta causa, después de que el movimiento feminista presentó 13 amicus, acompañando el pedido de CDD, y "se ha logrado que Paola esté hoy libre".
Concluyó Menini su mensaje, remarcando "la potencia de los feminismos", que sostuvo a lo largo de los años el reclamo de libertad por Paola Ortiz: "Siempre demostramos que, organizado, nuestro movimiento ha transformado y sigue transformando la realidad y haciendo historia".
Paola Ortiz estaba detenida desde el 2013, luego de atravesar un denominado "parto en avalancha" y ser juzgada por la presunta muerte del bebé.
El de 2015 de la Cámara Correccional y del Crimen de Villa María estableció que era culpable de "homicidio agravado por el vínculo" y la sentenció a la pena de prisión perpetua. En ese marco, abogadas feministas presentaron un recurso para que el Tribunal Superior de Justicia revise el veredicto.
El informe forense indicaba que no se podía aseverar si había existido vida posnacimiento.
Tomando en cuenta este estudio médico, las letradas argumentaron que la sentencia no contaba con pruebas que demostraran la vida del recién nacido. Es decir, si el bebé había nacido sin vida, no existía el delito.
Organizaciones feministas denunciaron durante años que los jueces tampoco visualizaron las condiciones de vulnerabilidad en las que vivía Paola, quien se encontraba sin trabajo, criando a sus tres hijos en una situación de violencia, y residiendo en una vivienda de su exsuegro, quien, según la denuncia, la abusaba.
La insistencia de los reclamos judiciales y la presentación del pedido de revisión de la condena permitió que finalmente el Tribunal Superior de Justicia resolviera disponer libertad inmediata de Paola Ortiz, reconociendo la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena que le fuera impuesta hace más de 13 años, entre ellas el contexto de vulnerabilidad, pobreza y violencia que atravesaba.
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