Redacción La Nueva Mañana
Al comienzo de esta semana, la comunidad teatrera independiente se reunió en la Ciudad de Buenos Aires para exponer una situación crítica: el desfinanciamiento del Instituto Nacional del Teatro (INT) y el ataque a la cultura que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
Integrantes de redes de salas teatrales de distintas provincias junto a distintas organizaciones de las artes escénicas advirtieron el "debilitamiento institucional del organismo y el desvío (con destino incierto) de recursos asignados por ley". En representación de Córdoba fueron Marcelo Castillo y Artemia Barrionuevo.
En ese marco, se plantaron en defensa de la Ley 24.800, que establece que el 10% de lo recaudado por el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones). "No solamente garantiza que se promueva la actividad teatral sino también el acceso de la comunidad a esta manifestación artística. La cultura es un derecho al que tiene que poder acceder, tanto en su carácter de expectación como de producción, todo aquel que lo desee", sostuvieron.
Durante el encuentro, representantes de salas teatrales de todo el país elaboraron un documento. A continuación el texto completo.
Representantes de redes de salas teatrales de distintas provincias junto a distintas organizaciones del quehacer teatral queremos poner en conocimiento del público en general el desfinanciamiento del INT (Instituto Nacional del Teatro), el debilitamiento institucional del organismo, el desvío (con destino incierto) de recursos asignados por ley y las graves consecuencias que esta situación trae para el actividad teatral de nuestro país.
La fuente principal de financiamiento del Instituto Nacional del Teatro proviene de la recaudación del Enacom. Este ente recauda tasas y gravámenes de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. La Ley 24.800 prevé que el 10% de lo recaudado sea transferido al INT. Los cambios tecnológicos en el sector audiovisual han implicado en los últimos años una disminución relativa de estos recursos por lo que ya veníamos reclamando hace tiempo la ampliación de esta asignación específica gravando plataformas y aplicaciones. Este último tiempo no solamente que no se avanzó en ese sentido sino que, muy por el contrario, se incumplió la recaudación establecida por ley.
En 2025 el INT no recibió más de 5 mil millones de pesos que el Enacom debería haberle transferido y que nunca llegaron al Instituto. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Quién decidió ilegalmente el destino de esos fondos?
Esta enorme disminución de recursos, sobre un presupuesto ya de por sí exiguo, se traduce en la cuasi paralización del Instituto Nacional del Teatro: la gestión de Federico Brunetti (nombrado al frente del organismo hace un año por Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación,) dio de baja la histórica Línea de Funcionamiento de Sala poniendo en riesgo para los próximos años el necesario aporte tanto a salas históricas como a emergentes de todo el país. Además, impuso un tope absolutamente desactualizado a las raleadas líneas de aportes que permanecen abiertas, con criterios de presentación marcadamente restrictivos y plazos de ejecución inciertos y extenuantes, todo lo que lleva a la actividad del INT a su mínima expresión dejándolo con una gestión cosmética o simbólica.
Cuando hace casi tres años comenzó este ataque a la cultura nos decían que había otras prioridades más urgentes o acuciantes. Nosotros respondíamos que si no les importaba la cultura menos le iban a importar otras áreas… No nos equivocábamos: hoy la falta de gestión, el desfinanciamiento y la crueldad es hacia casi toda la sociedad y en todas las áreas de Gobierno.
Por otra parte, la falta de llamado a Concursos Públicos para la cobertura de los cargos de representantes provinciales es un grave incumplimiento de la Ley Nacional del Teatro. Incumplimiento que debilita el funcionamiento institucional del INT y complica el funcionamiento democrático, transparente y federal del Instituto deteriorando su representatividad a lo largo y ancho del país y obstaculizando su funcionamiento administrativo.
Tampoco en este caso nadie se hace cargo de la enorme demora en la articulación de los concursos. Si bien sabemos que se trata de una tarea en la que intervienen distintas dependencias, nos responden con vaguedades que no es posible determinar responsabilidades fuera del Instituto por este atraso récord. En consecuencia debemos atribuirlo a su Dirección Ejecutiva.
Decían que venían a transparentar fondos y nombramientos y sin embargo oscurecieron el presupuesto y los únicos nombramientos que hicieron fueron a dedo. Durante mucho tiempo criticaron que el porcentaje del mantenimiento de la estructura administrativa del INT era alta en relación a los aportes que se hacían a la comunidad teatral. Por el contrario, resulta que entre este año y el anterior el porcentaje destinado a la estructura administrativa será récord absoluto como consecuencia de la disminución hasta el insulto de los aportes al sector.
Quienes firmamos esta Declaración y hacemos teatro independiente creemos que la cultura es un derecho y vamos a seguir peleando para que nadie lo olvide. Porque no es simplemente lo que nosotros creemos, lo sostiene nuestro ordenamiento legal incluida la Constitución Nacional.
Nuestra Ley 24.800, por ejemplo, no solamente garantiza que se promueva la actividad teatral sino también el acceso de la comunidad a esta manifestación artística. La cultura es un derecho al que tiene que poder acceder, tanto en su carácter de expectación como de producción, todo aquel que lo desee. El Estado debe garantizar el acceso a las expresiones artísticas no solamente porque está obligado por las leyes sino porque la cultura aporta a la identidad nacional, a la cohesión y contención social, al desarrollo sostenible y a la representación argentina ante el mundo. Un gobierno que se desentienda de todas estas cuestiones es un gobierno que trabaja en contra del país.
¡Denunciamos el vaciamiento y la paralización del INT!
¡Devuelvan los fondos al INT! ¡La cultura es un derecho!
