Redacción La Nueva Mañana
El gobierno de Javier Milei fue denunciado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al impulso y puesta en marcha de la reforma laboral, a la cual calificaron de “regresiva”, porque “provoca un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX”: “ataca la jornada de ocho horas”, “restringe el derecho a huelga”, “ataca a las organizaciones sindicales” y “busca tener jornadas laborales más extensas y salarios más bajos”.
La presentación tuvo lugar durante una audiencia celebrada en Washington, Estados Unidos.
También el FreSU denunció persecución política y disciplinamiento, marcando que “el ejemplo más cabal es la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)”; así como “la persecución mediática, gremial, jurídica y personal” que fue desplegada por funcionarios del gobierno contra el secretario general del gremio de los pilotos (APLA), Pablo Biró.
Al respecto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, sostuvo que “el espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación”.
Y agregó que “aquello que sostuvo la OIT sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta”. Remarcó Aguiar: “Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. En la Argentina, enfrentamos un ataque al Estado de derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Por eso es que esta comisión debe actuar”.
Seguidamente, la secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Conadu, Clara Chevalier, dijo: “El gobierno nacional produjo una desregulación de los precios fundamentales para la vida, como las tarifas de transporte, telefonía celular, internet, luz y gas. Todo eso produjo una caída del salario que tiene un impacto directo e indirecto sobre las mujeres”.
Asimismo, señaló: “Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una de las conquistas fundacionales como la jornada de ocho horas, instalando un banco de horas flexible, que borra los límites entre lo personal y lo laboral, debemos recurrir a varios empleos para poder sostener la vida”.
Por su parte, Biró manifestó: “El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal por ser el secretario general de la Asociación de Pilotos. Se trata de una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por funcionarios del gobierno, utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado. Me imputaron delitos penales, me hicieron saber que perseguían a mi familia, a mi mujer y a mis hijas, y tuve que presentar un habeas corpus preventivo”.
Y sumó que “el gobierno impulsó denuncias y multas multimillonarias contra organizaciones sindicales como las que hicieron a los compañeros de La Fraternidad, la UTA, la Asociación de Personal Aeronáutico o las acciones judiciales contra 170 trabajadores del subte”.
Tras las exposiciones de los solicitantes de la audiencia, los comisionados de la CIDH emitieron ciertos cuestionamientos y solicitaron explicaciones a los representantes del Gobierno argentino por los modos, pero además por las irregularidades a la hora de implementar la reforma laboral.
Sobre el punto, ante esas preocupaciones, Cremonte marcó que “la regresión es tal que se ha excluido un derecho fundamental del derecho del trabajo que es el de justicia social, se creó el banco de horas y se le da preeminencia a la voluntad para que los trabajadores puedan ahora decidir, en una relación totalmente desigual, tener peores condiciones laborales”.
Luego, en su turno, el secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SiPreBA, Francisco Rabini, sobre la decisión gubernamental de derogar el Estatuto del Periodista Profesional dijo que “es parte de la reforma laboral que vinimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga”.
Fuente: NA
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