Redacción La Nueva Mañana
En la tarde de este martes, el oficialismo logró aprobar y convertir en ley en la Cámara de Diputados el proyecto que autoriza el plan de pago a los dos últimos grupos de acreedores con demandas activas contra el Estado nacional por el default de la deuda del 2001.
Con 139 votos a favor y 97 en contra, la iniciativa recibió la media sanción que le restaba para convalidar los acuerdos de conciliación celebrados con los tenedores de deuda, a escasos días del 30 de junio, el último día del plazo acordado con los fondos buitre.
El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y u$s 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.
El entendimiento con los fondos buitre adopta como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.
En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio. Además, se incluyó una cláusula de standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
La aprobación en el Congreso Nacional permite dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El miembro informante del oficialismo, el diputado oficialista "Bertie" Benegas Lynch, aseguró que con el pago a los dos fondos buitre se buscará cerrar después de 25 años "esta herida de deshonra internacional".
Al defender el dictamen de mayoría que autoriza a pagar 171 millones de dólares a los fondos buitres Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, Benegas Lynch dijo que "pasamos por la vergüenza de pasar por los procesos de Discovery y los embargos judiciales”.
A su turno, el diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman, advirtió que se trata de "un paso más de un procedimiento que tiene un único objetivo: volver a endeudar a nuestro país".
El economista de Patria Grande cuestionó el proceso de negociación: "El Estado argentino negoció una sentencia con fondos buitre sin saber sobre qué título estaba negociando, se enteró después".
Y agregó: "Nos enteramos más de este proceso de negociación que lleva adelante el Estado argentino por el reporte del Fondo Monetario Internacional que por los funcionarios argentinos".
Sobre el marco legal, Hagman recordó que "hay una ley vigente en la Argentina que dice que no se le puede dar un trato preferencial a un grupo minoritario por sobre la mayoría de los acreedores".
Por último, alertó: "¿Qué creen que va a generar esto que estamos discutiendo hoy, si no es un nuevo ciclo de endeudamiento y, por lo tanto, una nueva crisis financiera en nuestro país?".
En tanto, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) ratificó su rechazo al proyecto de ley al sostener que "este acuerdo, con estas dos firmas (Bainbridge y Attestor), no específica si el financiamiento surge de endeudamiento nuevo, de renta generales, de reasignación de partidas o de cualquier otra fuente”.
“Esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”, reprochó.
Pichetto consideró que “esta ley carece de la asignación presupuestaria que exige la Ley 24.156 (Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional) y también el decreto del propio presidente de la Nación que dice que no puede haber ninguna partida sin que se le asigne correspondientemente el gasto en el Presupuesto nacional”.
El diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola ratificó que el planteo de su sector político es el de "romper con el FMI y el desconocimiento soberano de la deuda".
"Este acuerdo con los fondos buitre marca el precedente de nuevas deudas con jurisdicción extranjera", alertó.
El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, criticó que desde el Gobierno "no informaron el monto original de los bonos", lo que hubiera permitido dilucidar si el monto de 170 millones de dólares a abonar es el correcto.
"La comparación debe hacerse con el valor de adquisición. Insisto en que hay que estudiar el perfil de la deuda y recordar que el kirchnerismo pagó las deudas reestructuradas e intereses, como incluso reconoce (el presidente Javier) Milei", siguió.
"Debemos discutir estos temas seriamente, defender los intereses nacionales y no los de los fondos buitre, como hicimos en las reestructuraciones de 2005 y 2010 y al cancelar la deuda con el FMI", finalizó el santafesino.
Fuente: NA
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