Redacción La Nueva Mañana
El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de ley "Antibúnker y Antiaguantaderos", que pretende dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
Según se explicó oficialmente, la iniciativa crearía un nuevo régimen administrativo y judicial que permitiría actuar de manera rápida, coordinada y proporcional sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad; y un Registro Provincial de Bienes Intervenidos, articulando el trabajo entre la Provincia, la Justicia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los municipios.
El proyecto prevé, además, un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales.
Adelantaron desde la Provincia que cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor alcance, como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios. Adelantaron desde la Provincia que cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor alcance, como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.
La propuesta también prevé la creación de un esquema específico para que los bienes decomisados y los recursos provenientes de las causas por narcotráfico sean reinvertidos en la lucha contra ese delito: el 60% de los fondos obtenidos sería destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA); mientras que el 40% restante financiaría programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del narcotráfico.
Además, el proyecto crearía la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirían coordinar las acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas.
La iniciativa contempla también la invitación a los gobiernos locales para adherir al nuevo régimen y a celebrar convenios de cooperación para ejecutar las intervenciones en el territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto en la recuperación de espacios utilizados por organizaciones delictivas.
