Redacción La Nueva Mañana
A través del Acuerdo Reglamentario N° 169, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) creó el Servicio de Peritos Médicos Oficiales del Fuero Laboral (SPeMOL), un cuerpo de profesionales orientado a mejorar la calidad de las decisiones judiciales en los reclamos por daños a la salud de los trabajadores.
La iniciativa, impulsada por el presidente de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, Luis Angulo, surge en un momento en que este tipo de litigios representa uno de los principales focos de judicialización.
Además, en estos procesos la prueba médica resulta determinante para definir la existencia y magnitud de las incapacidades. En ese escenario, el nuevo esquema busca introducir mayor previsibilidad y seguridad jurídica, tanto para los trabajadores como para el sistema en su conjunto.
La reforma apunta a reforzar la protección del trabajador, asegurando que las resoluciones judiciales se sustenten en informes médicos más rigurosos, transparentes y controlables. De esta manera, se procura garantizar la coherencia de criterios y una sólida fundamentación en los dictámenes periciales.
Un aspecto también relevante es que el acceso al servicio de peritos oficiales no implica costo alguno para el trabajador; ya que se encuentra exento del pago de tasas, lo que garantiza el acceso a la prueba técnica en las mejores condiciones.
Explicaron oficialmente que el nuevo servicio promoverá evaluaciones más consistentes, fundadas y comprensibles para todas las partes, mediante la implementación de protocolos unificados para la elaboración de informes. Estos estándares permitirán mejorar la calidad argumentativa de las pericias y facilitar el control judicial del saber experto, fortaleciendo el rol del juez en la valoración de la prueba técnica.
Detallaron que uno de los ejes centrales del sistema será la selección de los profesionales. Los peritos serán designados a través de concursos públicos exigentes, que evaluarán antecedentes, conocimientos, resolución de casos y competencias específicas, con el objetivo de garantizar la intervención de los especialistas más idóneos en medicina del trabajo.
A su vez, el modelo introduce garantías clave para asegurar la independencia de los peritos, ya que desvincula sus honorarios del resultado económico del proceso. Esta medida apunta a reforzar la imparcialidad y evitar incentivos que puedan afectar la objetividad de las conclusiones médicas.
El diseño institucional también incorpora una perspectiva plural, con la participación de universidades, colegios profesionales, organismos técnicos y distintos actores del sistema laboral. Esta apertura busca consolidar un esquema más legítimo, transparente y representativo.
Entre las principales innovaciones, se destacan la implementación de mecanismos de control y auditoría, sistemas de evaluación de desempeño y programas de capacitación continua. Estas herramientas estarán orientadas a garantizar la actualización permanente de los profesionales y la mejora sostenida en la calidad científica de las pericias.
Asimismo, el proyecto se alinea con los objetivos de la Ley de Riesgos del Trabajo, ya que promueve estándares de actuación que aseguren independencia, calidad técnica y coherencia en la intervención pericial. Se consolida así un aporte institucional orientado a fortalecer los principios de prevención y adecuada reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
