Redacción La Nueva Mañana
Este martes, el Ministerio de Capital Humano anunció que acataría el fallo de la Justicia y habilitó el pago del programa Volver al Trabajo, que perciben 900 mil trabajadores y trabajadores informales. Cada beneficiario cobra $78.000, una suma que quedó congelada.
A través de una medida cautelar, el Juzgado Federal de Campana ordenó mantener vigentes esas prestaciones hasta tanto se dice una sentencia definitiva. El cumplimiento de la decisión judicial se concretó por medio de una resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que aprobó la liquidación de los fondos para el pago correspondiente al mes de abril, por más de 72 mil millones de pesos.
El gobierno de Javier Milei ratificó en los considerandos del documento que apelará esta decisión, sin embargo, la resolución admite que corresponde “efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente”.
De este modo, el Ejecutivo decidió acatar la continuidad de los pagos argumentando que esto no modifica el marco normativo que el ministerio busca establecer, avanzando con la eliminación del programa.
El anuncio de dar de baja el programa provocó movilizaciones en diferentes ciudades del país, impulsadas por organizaciones sociales, principalmente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Miles de trabajadoras y trabajadores denunciaron las condiciones de precarización en las que desarrollan su labor y exigieron la continuidad del beneficio.
"Este Gobierno es cruel. Congeló nuestro ingreso en 78.000 pesos y ahora quiere robarle el trabajo a más de 900 mil trabajadoras y trabajadores de la economía popular", denunciaron las y los trabajadores.
Luego de marchas multitudinarias, el Gobierno decidió aprobar los pagos de abril, mientras avanza la vía judicial.
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