Redacción La Nueva Mañana
El proyecto de Ley de Glaciares que busca convertir en ley este miércoles la Cámara de Diputados, pretende redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación minera, procesos que generan un gran impacto en el terreno, afectando el agua y el ecosistema en general.
La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar proyectos transnacionales en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.
Apoyan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.
Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Senado es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.
Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.
La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes.
Los gobernadores aliados que impulsan la minería cuestionan el inventario, argumentando que está desactualizado pretender liberar determinadas zonas para la explotación. Mientras, organizaciones ambientales señalan que la norma atraviesa muchos problemas económicos por falta de financiamiento.
Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.
Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante, lo que amplia la protección de espacios periglaciares.
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