Redacción La Nueva Mañana
En la mañana de este miércoles, los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías presentaron un pedido de impugnación de la audiencia pública convocada en el ámbito de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, en relación al proyecto oficialista de reforma de la Ley de Glaciares.
La presentación alude críticamente a la "metodología empleada para la realización" de la audiencia pública, en relación a la ilegítima restricción del derecho a la participación ciudadana efectiva.
Vale decir que desde las autoridades de la Cámara se autorizó a escuchar a sólo 400 de los 101 mil oradores que se inscribieron formalmente para pronunciarse respecto a este debate clave en lo que a protección ambiental y cuidado del agua refiere.
Alegan los diputados que solicitaron la impugnación que la decisión de las autoridades es "manifiestamente incompatible" con el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente y los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú.
En las puertas del Congreso, mientras tanto, cientos de personas que estaban inscriptas para tomar la palabra se vieron impedidos de poder ingresar.
"Adentro sillas vacías. Afuera impiden pasar a los inscriptos para la Audiencia Pública sobre la Ley de Glaciares. Sin ningún motivo ni explicación prohíben el acceso a las personas que se registraron en tiempo y forma y les dicen que suban un video o envíen un escrito", denunció la cordobesa Gabriela Estévez.
Y subrayó que de esta manera "cambian las reglas de juego sobre la marcha para que la gente no pueda expresar su rechazo al proyecto del gobierno nacional que entrega el agua de los argentinos y condena a las futuras generaciones".
Reveló Estévez que hablaron con el presidente del bloque de Asuntos Constitucionales para pedirle que abriera la audiencia pública para garantizar la participación y que la respuesta fue esquiva: "Nos dijo que el mecanismo es subir un vídeo o mandar un escrito, porque si no son 500 días más de estar revisando documentos. Les dijimos que lo hagamos para garantizar en serio la participación de la ciudadanía".
Además, expuso en sus redes el desproporcionado operativo montado por Gendarmería para la Audiencia Pública. "Están haciendo un fraude y lo saben", subrayó Estévez.
En la misma línea que Estévez, Maximiliano Ferraro advirtió que "estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa", ya que La Libertad Avanza "eligió limitar la participación al 0,3% silenciar las voces", al no permitirle tomar la palabra a la mayoría de las 100 mil personas inscriptas para opinar sobre un "tema de enorme relevancia en todo el país y para muchas provincias, comunidades y actividades productivas afectadas directamente por el agua de los glaciares".
"Hicieron una selección totalmente discrecional", agregó Ferraro, subrayando que "no se puede avanzar con cambios de esta magnitud de manera exprés, sin debate real y sin la licencia social necesaria".
En virtud de ello, ratificó que "la audiencia resulta inválida por las graves irregularidades en la metodología que adoptaron para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)".
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