Miguel Apontes
Andrés Rodríguez, secretario General de la Unión del Personal Civil de la Nación, y secretario General Adjunto de la CGT, pasó este jueves por Córdoba. En la flamante sede de la Seccional Córdoba de calle Caseros 335, el gremialista ofreció una conferencia de prensa.
El histórico dirigente se refirió a los comicios en el gremio que conduce, que se celebrarán el 9 de abril. "Nuestro gremio tiene una preponderancia fuerte en toda la comunidad, es una organización muy respetada", sostuvo de cara a la compulsa electoral donde va por la reelección. En la Seccional Córdoba César Godoy y Natalia Refice encabezan la única lista que se presenta, la Lista Blanca.
Preguntado por la judicialización de la llamada por el Gobierno "Ley de Modernización Laboral" anunciada por la CGT -siempre en caso de que salga aprobada por el Senado este viernes- Rodríguez sostuvo que el proyecto libertario se trató "de una suerte de apresuramiento innecesario de parte del Poder Ejecutivo, porque es una ley muy importante, donde prácticamente prevalece la imagen política y no el contenido de ese proyecto que tendría que haber sido debatido y discutido con mucho más tiempo".
El titular de UPCN sostuvo que al no haberse conseguido "varias de las cuestiones que ambicionamos, lógicamente el siguiente paso es la judicialización, porque consideramos que muchos de esos artículos no respetan la Constitución Nacional".
La Nueva Mañana le recordó que el DNU 70/23 tiene muchos capítulos aún vigentes, y en ese sentido preguntó cuál serían las expectativas de la CGT al judicializar la norma. "La CGT en su momento no cuestionó todo el Decreto 70/23, sino el capítulo cuarto, el laboral, y que fue el declarado inconstitucional y ahora está en la Cámara. Falta que defina la Corte Suprema, pero por lo menos no está aplicable. De cualquier manera hay también diferencias entre un DNU y un proyecto de ley aprobado, tenemos que ver esas diferencias reales, y hay también cuestiones que pueden ser interpretadas, donde determinados artículos pueden ser declarados inconstitucionales y otros tal vez no", señaló.
Y precisamente, sobre qué puntos se centrará la objeción cuando se haga la presentación judicial si realmente es aprobado el proyecto en la Cámara alta, sostuvo: "El derecho a huelga, la limitación del derecho a huelga, la limitación que tiene cualquier conjunto de trabajadores que deberá pedir permiso para hacer una asamblea, o que si participa les van a ser descontadas las horas de sus ingresos. Todas estas cuestiones consideramos que son atentatorias contra la libertad sindical. Además, en distintos momentos los poderes ejecutivos ratificaron muchos de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que generan este tipo de definiciones claras sobre lo que es la libertad sindical y los derechos de los trabajadores".
¿Qué lectura hace del comportamiento de los gobernadores frente al tratamiento en el Congreso de la reforma laboral? Andrés Rodríguez dijo que se encontraron en la CGT con la apoyatura sólo de "algunos" mandatarios provinciales. "Consideramos que varios gobernadores, y esto es una presunción personal, pero lo puedo intuir, a pesar de haberse prestado y ordenado a sus legisladores que voten a favor del proyecto, lo han hecho por migajas. Los gobernadores están pagando y van a seguir pagando el costo de este ajuste que si no se detiene con organización política, indudablemente van a sufrir las consecuencias, Varios gobernadores tuvieron una actitud bastante negativa".
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