Redacción La Nueva Mañana
Denunciaron penalmente al ministro Federico Sturzenegger por "falta de transparencia" en la firma de un contrato millonario con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del funcionario. El acuerdo de las clases para el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto es por $114.044.133.
Este lunes, los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, presentaron este lunes solicitaron a la Cámara Criminal y Correccional Federal que se investigue al titular de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger, y a otros funcionarios.
Los letrados los acusan de presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA) del convenio. Paso previsto en el Decreto 202/2017, al tratarse de un instituto cuya directora sostiene un vínculo con un representante del Gobierno.
En el escrito, los denunciantes solicitaron también que se investigue a Rouillet, la directora de la institución y pareja del ministro.
La presentación de los abogados menciona que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 el 19 de enero de 2026, por la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
Según el texto, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, y que se activaron los procedimientos del artículo 4° del decreto: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de actuaciones en el sitio del ministerio.
Sin embargo, los denunciantes afirmaron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso y sostuvieron que esa presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia.
En el capítulo “Derecho”, el escrito encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265), y señaló que el tema tomó dimensión pública porque fue noticia en distintos medios, como la Agencia Noticias Argentinas, que la denuncia menciona expresamente.
En la presentación también introdujo un antecedente: se aseguró que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes” y se pidió verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo que prevé el decreto, y si esa actualización fue publicada en el sitio de la OA.
La denuncia llegó luego de una investigación periodística de la agencia NA, que reveló la adjudicación de $114.044.133 a la entidad dirigida por Rouillet y el posterior cruce público: el canciller Pablo Quirno negó irregularidades, afirmó que la Cancillería contrata a la AACI “desde 2018” y sostuvo que, por existir vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de OA y SIGEN.
Fuente: NA
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