Redacción La Nueva Mañana
El Gobierno afrontará este jueves su primer test en lo que va del año en la Cámara de Diputados, cuando se vote en el recinto el proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil y también la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En un "súper miércoles" de actividad legislativa, el oficialismo logró el apoyo de aliados y de fuerzas dialoguistas para firmar dictamen de mayoría a favor de ambos proyectos, lo que le permite encarar la sesión especial de este jueves con viento de cola y generalizado optimismo.
La jornada, que abrirá el telón a las 11 con el inicio de la sesión, podría extenderse hasta la madrugada por la importancia que tienen ambas iniciativas, aunque la duración podría acortarse si los bloques acuerdan depurar las listas de oradores.
La función en Diputados coronará una semana de hiperactividad en el Congreso, que tuvo como hito principal la votación de la reforma laboral en el Senado, en medio de una accidentada movilización en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.
Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
El despacho de mayoría se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con el impulso de La Libertad Avanza, y el respaldo de los bloques aliados y los dialoguistas.
La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.
El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula Da Silva.
El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia. Pese a esto, el oficialismo, insiste en avanzar con el aval del Congreso.
Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.
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