Redacción La Nueva Mañana
Escala la disputa en torno a la compra de 15 drones de alta tecnología para la Policía de Córdoba, luego de que el Tribunal de Cuentas de la Provincia, integrado mayormente por el juecismo, reprobara la licitación cercana a 7 millones de dólares.
Este viernes, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue si el órgano de control se excedió en sus funciones.
“Consideramos que estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley”, manifestó Quinteros, justificando la presentación.
La cartera de Seguridad informó que la denuncia apunta a establecer si la resolución que bloqueó el proyecto se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad.
Anteriormente, funcionarios provinciales advitirieron que el rechazo del expediente que buscaba crear la división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (Svant), formó parte de una estrategia política de la oposición, obstaculizando el acceso a nueva tecnología, y no responde a las funciones del organismo. "Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses", lanzó Llaryora através de su cuenta de X.
Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, justificó el impedimiento de la compra, argumentando que se trataba de una licitación "dirigida", con un único oferente y un monto millonaria. Según la primera minoría.
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