Redacción La NUEVA Mañana
La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, anuló una resolución que había rechazado la prescripción de la acción penal respecto de cuatro imputados en la causa por la toma del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ocurrida en 2018.
El fallo cuestionó duramente el análisis del juez de la instancia anterior y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, publicó diario Perfil.
La decisión beneficia a Sabrina Celiz Adduci, Lucía Heber, Anuk Morandini y Emiliano Ventura Pereira, patrocinados por la defensora oficial Mercedes Crespi, para quienes el Juzgado Federal 1 de Córdoba había desestimado el planteo de prescripción el 5 de junio de 2024.
En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo un fuerte conflicto universitario en Argentina por recortes presupuestarios a la educación pública, reclamos por mejora salarial docente y defensa de la universidad pública. Esto generó movilizaciones, asambleas y paros en varias universidades del país, incluida la UNC.
En ese marco, el 28 de agosto de 2018, estudiantes de la UNC decidieron, tras una asamblea interfacultades, ocupar el Pabellón Argentina, que es uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad Universitaria (alberga entre otras oficinas, parte del Rectorado). La ocupación fue votada y apoyada por cientos o incluso más de mil estudiantes como parte de un plan de lucha contra los recortes y a favor de mayores espacios de negociación con las autoridades.
La ocupación impidió el ingreso del personal y autoridades universitarias, y duró aproximadamente 30 días. Hubo intentos de negociación con jueces federales y autoridades universitarias, pero en varios momentos no se logró un acuerdo inmediato. Sin embargo, semanas después los estudiantes decidieron levantar la toma tras un compromiso por parte de las autoridades de iniciar una mesa de trabajo y negociación para tratar sus reivindicaciones.
Tras la toma, la Justicia Federal de Córdoba imputó y procesó a 27 estudiantes por el delito de usurpación por despojo y turbación de la posesión, acusándolos de haber ocupado ilegalmente el edificio.
El procesamiento generó amplias controversias y rechazo dentro de la comunidad universitaria, que denunció una criminalización de la protesta estudiantil.
Con los años, el proceso judicial avanzó y se intentó llevar a juicio, aunque finalmente en 2024 varios de los estudiantes fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal, es decir que se declaró extinguida la causa por el paso del tiempo y no se llegó a una sentencia de fondo contra ellos.
