Redacción La Nueva Mañana
Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulon, de Provincias Unidas, presentaron una acción de amparo en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que impulsó el gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Inteligencia.
La presentación solicita que se declare la inconstitucionalidad del DNU y la nulidad absoluta e insanable. Además, solicita una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento.
"No hubo ni hay necesidad ni urgencia. No cumple los requisitos del art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional. Avanza sobre una de las materias vedadas, como la penal, al otorgar atribuciones al personal de inteligencia que son propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad, modificando el Código Procesal Penal de la Nación en su art. 184", afirmó Ferraro al respecto, en una publicación en X.
Y concluyó, subrayando que "el Congreso está en condiciones de sesionar" y que "una temática como ésta requiere deliberación, equilibrio y control"; ya que "eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma".
La fundamentación fáctica y jurídica del amparo que presentaron Ferraro, Frade y Paulon alude críticamente a la inexistencia de necesidad y urgencia; la fusión de los organismos de seguridad interior con los de inteligencia estratégica; los riesgos específicos y el ataque a la legalidad; la facultad de aprehensión; y las características del sistema de inteligencia argentino.
Asimismo, cuestiona que "el decreto introduce una regla según la cual todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto"; lo que "altera el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, transformando el secreto en regla y no en excepción".
También critican la "ampliación conceptual de la inteligencia y la contrainteligencia", ya que el DNU redefine ambos conceptos, incorporando nociones amplias como la “influencia”, “injerencia” o “interferencia” en los procesos decisorios. "La indeterminación semántica de estos conceptos habilita interpretaciones expansivas que podrían justificar actividades de inteligencia sobre conductas lícitas protegidas por la Constitución", alertan.
Acto seguido, advierten sobre la creación de la Comunidad de Inteligencia Territorial Nacional (CITN) y la Comunidad de Inteligencia Federal Nacional (CIFN), que "supone un esquema de intercambio masivo de información entre organismos estatales, muchos de ellos poseedores de datos personales sensibles".
En este sentido, subrayan que el diseño institucional presenta riesgos significativos en relación con el derecho a la privacidad y la protección de datos personales.
Finalmente, apunta como uno de los "aspectos más controvertidos" del decreto a la habilitación al personal de inteligencia para repeler agresiones y aprehender personas en determinados supuestos.
"Como lo venimos sosteniendo ut supra, esta disposición implica una superposición funcional entre inteligencia y funciones policiales, y produce una modificación material del régimen de coerción personal previsto en el Código Procesal Penal de la Nación", concluyen Ferraro, Frade y Paulón.
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