Redacción La NUEVA Mañana
Un allanamiento se llevó a cabo este martes en la casa del empresario teatral Javier Faroni, tras una medida ordenada por la Justicia federal en el marco de la investigación por presunto desvío de fondos vinculados a contratos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según informó NA, el procedimiento fue ordenado por el juez Luis Armella y se realizó en una vivienda del barrio privado El Yacht, en Nordelta, mientras que también hubo operativos simultáneos en la sede de la AFA, situada sobre la calle Viamonte, y en el predio de Ezeiza.
Armella emitió la orden del procedimiento en función de una solicitud realizada por la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco.
En los allanamientos de este martes se buscó documentación vinculada a la empresa de la que Faroni es titular, como por ejemplo datos sobre el dinero que recaudaba en el exterior, contratos que lo vincularían con la AFA.
Faroni que se hizo conocido en los años 90 como productor teatral y luego incursionó en la actividad política, es titular de la empresa TourProdEnter LLC, que fue creada en agosto de 2021.
La escalada del conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Claudio Chiqui Tapia, Gregorio Dalbon, publicara un extenso mensaje en redes sociales en el que cuestionó el origen y la intencionalidad de las denuncias impulsadas contra la conducción de la entidad.
Bajo el título “Datos públicos”, el letrado puso el foco en los denunciantes y en el rol de distintos actores estatales según indicó NA, en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.
En su publicación, el abogado sostuvo que Juan Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes de la AFA, “registra ingresos del Estado” y cuenta con antecedentes administrativos vinculados al fútbol, citando una resolución oficial.
En la misma línea, mencionó a Matías Yofe, a quien atribuyó vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados. Sin formular acusaciones directas, el mensaje planteó interrogantes sobre la independencia de quienes promovieron las denuncias y sugirió la existencia de posibles conflictos de intereses.
El texto también hizo referencia a la difusión en medios de comunicación de información vinculada a allanamientos y actuaciones judiciales, señalando que parte de ese material provendría de filtraciones cuya “trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”.
En ese marco, el abogado mencionó a la senadora Patricia Bullrich y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y remarcó la necesidad de determinar responsabilidades en la circulación de información sensible.
Fuente: con información de NA
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