Redacción La Nueva Mañana
Personas con discapacidad, familiares y profesionales de la salud denunciaron que el Presupuesto 2026 de Javier Milei deroga la ley de emergencia y el financiamiento universitario.
"Rechazamos el dictamen del proyecto oficialista que pretende eliminar un norma fundamental", manifestó el colectivo de la discapacidad de Córdoba en un comunicado. En la misma línea, señaló que el tratamiento "un nuevo escándalo, una nueva muestra de crueldad".
Diferentes organizaciones sostuvieron que luego de la promulgación y la posterior suspensión del Gobierno, la Justicia determinó hace una semana que la ley está vigente y ordenó su inmediata implementación. "Defender la ley es defender la vida y la dignidad de las personas con discapacidad", agregó.
"Ahora el Poder Ejecutivo vuelve con una nueva estrategia ilegítima, al incorporar a último momento dos artículos en la Ley de Presupuesto, mediante las que deroga las leyes de Financiamiento Universitario, y la Ley de Emergencia en Discapacidad", manifestaron.
Y añaderon: "La eliminación del marco de emergencia no es un simple ajuste administrativo; representa un retroceso que pone en riesgo derechos ya conquistados y el sostenimiento mismo del sistema de prestaciones".
El colectivo señaló que de aporbarse el Presupuesto, se suspenderán los aumentos previstos y las actualizaciones mensuales automáticas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se implementarán aumentos trimestrales, lo cual significa un atraso en los valores de las prestaciones.
Sumado a esto, los aumentos serían decididos de manera arbitraria por organismos del Poder Ejecutivo, contrario a la normativa actual.
El proyecto de Milei desconoce la deuda con el sector y no reconoce el atraso arancelario generado durante la gestión que ya alcanza aproximadamente un 70%.
También impacta en el financiamiento de los "Talleres Protegidos", ya que, de lograr los votos necesarios en el Congreso, la ley reducirá los ingresos de quienes trabajan en estos espacios.
Además, la normativa busca volver a la categoría de "pensiones por invalidez laboral", que fue reemplazada por "pensiones para la protección social", y dispone un recorte en el número de subsidios.
Profesionales y personas con discapacidad le solicitaron a las y los diputados "que asuman su responsabilidad institucional y no den quórum ni aprueben un presupuesto que recorta derechos de manera indirecta".
Además, exigieron que los Gobiernos provinciales "acudan en defensa de sus comunidades y visibilicen el daño que esta medida causará en el territorio cordobés y en el resto del país".
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