Redacción La Nueva Mañana
La Legislatura de Mendoza aprobó el proyecto de megaminería San Jorgue que habilita la explotación en las localidades de Uspallata y Malargue, en medio de una multitudinaria marcha que se opone a la "contaminación y el saqueo".
La "Gesta libertadora por el agua", de la cual participaron miles de personas, desembarcó en la capital de Mendoza para exigir que el Senado provincial rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de extracción de cobre y oro. Sin embargo, con 27 votos positivos, contra seis negativos y una abstención, los legisladores ratificaron la norma, desoyendo la manifestación que rodeó el edificio.
Ciudadanos y ciudadanas señalaron que la iniciativa pone en riesgo el agua y afecta el ambiente. De forma masiva, personas en auto, a pie y en bicicleta, se unieron a la caravana bajo la consigna "El agua no se negocia" y tras la aprobación impulsaron una nueva marcha para expresar un contundente rechazo.
Javier Milei apoyó la inciativa este lunes, respaldando al gobernador aliado Alfredo Cornejo, en medio de un clima de tensión en la provincia, donde hace dos días comenzó la caravana de más de cien kilómetros. Durante la votación, el mandatario provincial se encontraba en la Casa Rosada, en una reunión del Consejo de Mayo.
Con una publicación en redes sociales, el Presidente manifestó que "traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre".
La normativa aprueba la extracción con una proyección de 27 años, en pueblos donde la crisis hídrica va en aumento.
Los manifestantes sostuvieron que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Además, destacaron que la minería no provoca un impacto económico favorable para la región ni puestos de trabajo.
Las y los ciudadanos advierten la posibilidad de contaminación de la cuenca del Río Mendoza, que abastece al 75% de la población.
La movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por aprobación de la Ley 7722, que regula la mineria y prohíbe verter sustancias tóxicas. En ese momento, la Legislatura tuvo que dar un paso atrás y por la presión social no pudo avanzar con el proyecto de extracción.
En los últimos meses, nuevamente, vecinos, ambientalistas, asambleas barriales, investigadores y profesionales de la salud repudiaron la explotación de los recursos naturales.
