El martes 2 de diciembre la comisión investigadora de las muertes por fentanilo –contaminado y/o adulterado- entregó su Informe final. En relación a esta investigación LNM dialogó con el dirigente del PTS, Chistian Castillo, quien integró de la comisión desde el bloque de Izquierda (FIT-U).
¿Cómo podría resumirse el contenido del Informe que presentó la Comisión Especial de Investigación sobre el Fentanilo?
- En el Informe se reseña lo actuado por la Comisión y se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones, con muchas de las cuales coincidimos. Están señaladas claramente las responsabilidades del grupo empresario a cargo de Laboratorios Ramallo/HLB Pharma, que como establece la causa judicial, no cumplió con las llamadas Buenas Prácticas de Fabricación, favoreciendo la contaminación y/o adulteración del fentalino que se cobró la vida de al menos 124 personas. Pero a nuestro entender no están señaladas a fondo el conjunto de las responsabilidades que provocaron esta verdadera masacre, como la del Ministerio de Salud y las autoridades de la Anmat, y la de los centros de salud privados que, como mínimo, tuvieron una actitud negligente. Nosotros también señalamos con claridad la responsabilidad de las políticas de desregulación impulsadas por Sturzenegger. Aclaro que en nuestro caso no firmamos el informe y presentamos un texto con nuestras propias conclusiones.
¿Cuál fue la intención primera de la Comisión para asumir la labor investigativa; el propósito final, podríamos decir?
-La Comisión se creó con dos objetivos: ver qué medidas legislativas tomar para que un tema así no vuelva a pasar, e investigar las responsabilidades políticas de lo ocurrido. En el segundo punto se pudo avanzar muy parcialmente, debido al tiempo limitado de funcionamiento de la Comisión y a la no presencia de los funcionarios citados. A mi entender debería votarse una nueva Comisión para profundizar en este aspecto. Por otra parte quisiera señalar que personalmente creo que la Comisión fue resultado de la lucha de los Familiares. Ellos han transformado su dolor en fuerza para luchar por verdad y justicia, para que hechos de este tipo no vuelvan a repetirse; tal como lo hicieron –en su momento- Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares víctimas del gatillo fácil, o en los casos de las masacres de Cromañón y Once.
¿Quiénes trabajaron en la elaboración del informe? ¿A cuáles espacios políticos pertenecen?
-El Informe final fue presentado por las autoridades de la Comisión, donde están la presidenta Mónica Fein, del Partido Socialista que es parte de Encuentro Federal; Victoria Toloza Paz, de Unión Por la Patria y Silvana Giudici, que viene del PRO -y hoy está en La Libertad Avanza-. A este informe adhirieron otros bloques. El bloque Democracia Para Siempre, con los Diputados Pablo Juliano y Marcela Coli presentó un informe propio, y nosotros conclusiones propias, sin firmar el informe final en ambos casos. Para nosotros la integración de la Comisión fue parte de un compromiso que asumimos con los Familiares, que son los que impulsaron su creación. Durante el funcionamiento de la Comisión fue un hecho inédito -y muy positivo- el que los familiares estuvieran siempre presentes, y pudieran intervenir -al igual que los diputados-. Es un piso para futuras comisiones donde haya particulares damnificados.
¿Desde cuándo –y con qué metodología- comenzó el trabajo de la Comisión?
-La Comisión empezó a funcionar el 24 de septiembre de 2025, luego de ser aprobada su creación -el 18 del mismo mes- tuvo reuniones semanales con invitación a familiares y otros expositores. No concurrieron pese a haber sido citados en dos oportunidades el Ministro de Salud y las autoridades de la Anmat. Una de las sesiones se trasladó a Rosario, donde escuchamos a las víctimas de esta ciudad, lo cual fue muy importante para instalar el tema en la Provincia de Santa Fe, donde se concentra una de las mayores cantidades de víctimas fatales establecidas hasta el momento. En particular, las víctimas de Rosario relataron el maltrato sufrido en instituciones sanitarias.
¿Cuántos lotes de fentanilo contaminado fueron los que causaron las muertes y en cuántas instituciones sanitarias se detectaron los mismos?
-Los lotes contaminados fueron dos, y la cantidad de instituciones que compraron ampollas se acerca a las 50. Esto está señalado en la causa judicial que lleva el juez Kreplak, quien también se hizo presente para exponer ante la Comisión.
¿En qué medida es importante el informe? ¿Qué tipos de consecuencias acarreará y sobre quiénes?
-El contenido del informe impactará en dos aspectos. Uno es colaborar con la búsqueda de verdad y justicia de los familiares de las víctimas. En este sentido el aporte del informe radica en que todo lo actuado por la Comisión se puede utilizar judicialmente. Lo segundo son cambios legislativos para tener un control mayor en la trazabilidad de la fabricación de medicamentos –lo cual habrá que ver si hay voluntad de llevarlos adelante-. Junto con esto hay que garantizar la asistencia psicológica y económica para las víctimas. También la digitalización de las historias clínicas y su acceso a pacientes y familiares.
¿A qué conclusiones arribaron desde su espacio luego de la participación en la Comisión?
-Yo particularmente presenté el viernes 5 –a título personal, y del bloque PTS/FRENTE DE IZQUIERDA- un informe* que cuestiona con fuerza varias de las conclusiones del documento mayoritario. En el texto presentado se da cuenta detalladamente de las conclusiones a las que arribamos -más allá de las que están expresadas en el informe final de Comisión-. Para nosotros ha quedado plenamente demostrada –luego de lo actuado por la comisión- la existencia de un patrón de fallas sistemáticas en la cadena de producción, control y aplicación del fentanilo. En resumen ha quedado demostrado que, como denunciaron los familiares, la cadena de control falló de punta a punta.
¿Quisiera expresarse sobre algún aspecto que considere que no ha sido abordado en las inquietudes anteriores?
-Sí; quisiera hacer un último señalamiento personal: yo creo que más allá de las responsabilidades penales y políticas personales, la masacre del fentanilo contaminado y/o adulterado expresa muy claramente la contradicción entre la salud como negocio y la salud como derecho.
