Bahía Luz De Palma
La familia de Cecilia Basaldúa denunció que su cuerpo fue retirado de la morgue judicial de la ciudad de Córdoba hace cuatro años sin su autorización. A principios de octubre, la fiscal Sabrina Ardiles le informó a los allegados de la mujer asesinada que sus restos fueron enterrados en 2021.
A más de cinco años del femicidio impune, la causa acumula irregularidades y un juicio fallido, con un único acusado que fue absuelto a pedido de la querella y la defensa. A principios de octubre, la Fiscalía de Cruz del Eje le comunicó a Daniel Basaldúa y a Susana Reyes -padre y madre- que Cecilia estaría sepultada en el cementerio San Vicente.
La novedad causó indiganción, ya que la Ley 27.372 establece que la familia de la víctima tiene derecho a ser informada sobre el estado de la causa y los procedimientos judiciales que les afectan.
Susana Reyes, la mamá de la víctima, detalló a La Nueva Mañana, que reiteradas veces solicitaron la aprobación de la Justicia para trasladar el cuerpo y realizarle una nueva autopsia en Buenos Aires. En primer momento, por las restricciones debido a la pandemia de Covid-19, el trámite fue pospuesto. Una vez que las medidas de circulación se flexibilizaron, la familia junto a su abogada, Daniela Pavón, volvieron a pedir que se apruebe la diligencia.
Por cuatro años, los diferentes fiscales que tuvieron la causa en sus manos, omitieron informar que el cuerpo de la víctima de femicidio fue removido en octubre de 2021. Antes del juicio Cecilia ya estaba bajo tierra y su familia no sabía.
En la reunión del 8 de octubre, Susana y Daniel fueron notificados de que al final del expediente había un papel en donde figuraba el entierro.
Reyes cuestionó la falta de transparencia: “Si el pedido nuestro era específicamente trasladarla, no entendemos cómo no nos dijeron. Todo este tiempo creímos que estaba en la morgue”. Asimismo, insistió que es necesario efectuar nuevas pericias que aporten evidencias a la causa.
Cecilia Basaldúa estaba de viaje en Capilla del Monte cuando comenzaron las restricciones de circulación para evitar la propagación del Covi-19. En ese momento, Mario Mainardi le ofreció alojamiento. A los pocos días, la mujer apareció asesinada, con marcas de abuso, en un descampado.
En 2021, inició un juicio que la familia de la víctima rechazó desde un principio. Lucas Bustos, un peón rural, fue el único imputado. La fiscalía no pudo demostrar su involucramiento en el crimen, pero insistió en la acusación. Finalmente, el jurado popular lo absolvió.
Por el caso pasaron cuatro funcionarios judiciales que, hasta ahora, no pudieron esclarecer quiénes abusaron y asesinaron a la mujer en abril de 2020: Paula Kelm, criticada por acusar a un hombre sin pruebas fehacientes; Sergio Cuello, quien sostuvo la hipótesis en el juicio; Nelson Lingua, quien reactivó la causa y luego fue reemplazado por la nueva fiscal de Cruz del Eje Sabrina Ardiles.
El traslado del cuerpo sin aviso ni autorización implica una nueva irregularidad en el caso. Durante la instrucción, la Justicia no incluyó las pruebas que recolectó la querella y además no incorporó la perspectiva de género, en un crimen marcado por la violencia contra una mujer.
“Es muy grave lo que hicieron. Nos siguen violentando. Es una vergüenza. Pero igualmente estamos fuertes para seguir en la lucha, porque queremos saber qué pasó y esto se tiene que resolver”, afirmó Susana,
Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).
