Redacción La Nueva Mañana
Las Universidades Nacionales recibirán en el 2026 4,8 billones de pesos, pero ese aumento de los recursos es rechazado por los rectores que reclaman la aplicación de la ley sancionada por el Congreso Nacional, que establecía un mecanismo de actualización de sus recursos en forma progresiva.
Las partidas que se destinarán a esas casas de altos estudios están contempladas en el Presupuesto 2026 que el Gobierno buscará con el apoyo de sus aliados aprobar en las sesiones extraordinarias que se realizarán entre el 10 y el 31 de diciembre.
El Consejo Interuniversitario Nacional solicita que se asignen 7,2 billones de pesos para poder hacer frente al gasto de mantenimiento de las universidades y una recomposición salarial del personal docente y no docente.
El Gobierno rechaza esa petición, ofreciendo 4,8 billones de pesos; pero diputados aliados del oficialismo no descartan que haya algún incremento para las casas de estudio.
"Interrumpir transferencias"
La ley de aumento de los fondos para las universidades fue insistida por el Congreso tras el veto presidencial, pero el Gobierno decidió no aplicarla ya que sostiene que no se definía de dónde saldrían los recursos, lo que generó un fuerte rechazo de sectores opositores.
El Gobierno además estableció en el Presupuesto Nacional 2026 los criterios que tendrán que seguir las Universidades de rendición de gastos para tener los recursos que se proyectan para cada una de esas casas de altos estudio.
En ese sentido, se dispuso que las universidades nacionales deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto.
“El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, agrega el proyecto.
Asimismo, establece que “el presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá indicar la clasificación funcional de educación y cultura; salud y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución presupuestaria y contable, así como la cuenta de inversión deberán considerar asimismo el clasificador funcional".
El Gobierno tampoco aplicará por tercer año consecutivo la Ley de Financiamiento Docente que establecía que debía destinar el 6% del PBI, ni aplicará los niveles de inversiones establecidos en la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
Con respecto a la Ley de Financiamiento Educativo, la Oficina de Presupuesto destacó que el Gobierno decidió “derogar los pisos de inversión de la Ley de Educación Nacional” y señaló que la "la modificación planteada consiste en la eliminación de valores de referencia establecidos por norma quedando dichas asignaciones definidas anualmente por las respectivas leyes de presupuesto".
Fuente: NA
