Redacción La NUEVA Mañana
La oposición convirtió en ley este miércoles el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia, que pone en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional.
La ley, que ya venía con media sanción del Senado y que ahora podría sufrir el veto presidencial de Javier Milei, cosechó 140 votos a favor, 80 negativas y 17 abstenciones.
Con esta modificación, los DNU tendrán una vigencia de apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial y el oficialismo contará ese plazo para conseguir su convalidación en los plenos de ambas cámaras, de modo tal que los efectos jurídicos de esos decretos queden en pie una vez transcurrido ese período.
A la inversa, la oposición ya no necesitará mayorías en ambas cámaras para derribar los decretos y le bastará con rechazarla en una sola para derogarlos.
En caso de que los decretos sean derogados, el Poder Ejecutivo no podrá disponer un decreto que verse sobra la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.
Además, con la reforma aprobada queda prohibido que un mismo decreto verse sobre más de una materia, algo que sucedió, por ejemplo, con el polémico y resistido mega DNU 70/2023.
Los legisladores representantes de la provincia votaron de manera diferenciada. En una sesión que no contó con la presencia en sus bancas de Alejandra Torres, María Celeste Ponce y Luis Picat, levantaron la mano para dar su voto afirmativo Oscar Agost Carreño, Juan Fernando Brügge, Pablo Carro, Natalia de la Sota, Gabriela Estévez, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez.
En tanto, las y los diputados Laura Rodríguez Machado, María Cecilia Ibáñez, Rodrigo De Loredo, Soledad Carrizo, Gabriela Brouwer de Koning, Gabriel Bornoroni, Héctor Baldassi y Belén Avico votaron negativamente.
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