
A casi tres años del crimen vial de las Altas Cumbres, una de las familias denunció violencia institucional
Redacción La Nueva Mañana


A un mes de cumplirse tres años del siniestro vial en el Camino de las Altas Cumbres, protagonizado por el exlegislador Oscar González, que dejó sin vida a la docente Alejandra Bengoa y con graves secuelas a dos adolescentes que se trasladaban en el mismo auto, una de las familias perjudicadas exigió que avance la causa.
El papá de Alexa, la adolecente que quedó parapléjica tras el impacto, acompañado de la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra, denunció la lentitud de la Justicia y una supuesta influencia entre los diferentes poderes.
"Hay una cadena de violencia institucional, producto de la corrupción estructural de todos los poderes del Estado Provincial. Desde el minuto uno el Superior Tribunal de Justicia le entregó un vehículo judicializado que jamás debió estar en la calle, y el poder ejecutivo y legislativo permitieron el ilegal uso de este, con las consecuencias que todos conocemos", dice el comunicado que escribió Gustavo Alvarez.
Se refiere a la camioneta BMW X1 conducida por Gozález, perteneciente la Justicia, que colisionó de frente contra un Renault Sandero abordada por una mujer y dos adolescentes, el 29 de octubre de 2022.
En el comunicado, bajo el título "El poder judicial de Traslasierra estrena edificio, nosotros esperamos justicia", el papá de una de las víctimas celebró la reciente inauguración de una sede judicial en Villa Cura Brochero, pero añadió que "de nada sirve tener flamantes edificios si quienes nos deben dar las garantías de que la Justicia es igual para todos y todas, le otorgan impunidad a los poderosos".
En la misma línea, reforzó que el exfuncionario del peronismo cordobés cuenta con protección política. "Si realmente se quiere demostrar que en Córdoba hay división de poderes comiencen por realizar ahora un juicio justo y una condena ejemplar contra Oscar González, sin ningún tipo de otorgamiento de impunidad, caiga quien caiga", sigue el texto.
El exlegislador schiarettista se encuentra detenido bajo prisión domiciliaria, en el marco de una investigación que se desprende de la causa, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sin embargo el proceso por el choque sigue sin avances sustanciales.
"Ya pasaron tres años desde aquel nefasto día, más de mil días sin paz para nuestras familias", fianliza el comunicado.


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