La diputada nacional por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, dialogó con LNM sobre la forma en que la UCR piensa asumir la competencia electoral del próximo mes. Al mismo tiempo reflexionó sobre el gobierno de Milei, el estado de la democracia argentina y sobre temas candentes de la economía –como las retenciones y las negociaciones entre Trump y Milei-.
¿Cuál es posición del partido (UCR) ante las elecciones de octubre –en Argentina y en nuestra provincia-?
- En el país el radicalismo está atravesando momentos difíciles, momentos de tensión. En Córdoba muchos radicales considerábamos que lo mejor era construir un frente más amplio -para ser más competitivos en las elecciones legislativas-, en cambio otro sector prefería ir con la Lista 3 solamente. La mayoría de los intendentes y dirigentes aconsejaban evitar una interna, el congreso partidario tomó esa decisión, pero un sector recurrió ante la Justicia, logrando que ésta tomara decisiones sobre la vida interna de nuestro partido como nunca antes había sucedido. Frente a esa situación inédita, decidimos no participar de esa interna y quedó en representación del partido la otra lista que llevaba como candidato a Ramón Mestre.
¿Usted va a acompañar a Ramón Mestre en la campaña?
-Desde mi lugar y como radical voy a acompañar a mi partido, pero después del 26 de octubre empezará una nueva etapa de reconstrucción de nuestro espacio para lograr el objetivo que realmente queremos, que es gobernar la Provincia de Córdoba.
¿Cuáles son las expectativas de la UCR para las elecciones de octubre?
-En un año electoral, tan complejo como el que atraviesa Argentina, el radicalismo tiene la enorme responsabilidad de constituirse en una oposición seria, constructiva, capaz de marcar los errores de gestión del gobierno nacional, proponiendo alternativas de solución y cooperando para que la Argentina tenga equilibrio macroeconómico. Para nosotros no es incompatible que el Estado se haga cargo de sus responsabilidades -especialmente con los grupos más vulnerables- combatiendo la inflación y con un esquema serio de estabilidad. No compartimos la idea de que gobernar solo sea ajustar, vetar y confrontar, hay que atender demandas sociales legítimas y proponer soluciones de largo plazo. Esto lo hemos trabajado frecuentemente en materia jubilatoria, financiamiento universitario, personas con discapacidad o protección de las infancias.
¿Cómo funcionó –y funciona- la “motosierra” de Milei durante el trancurso de su gobierno?
- A pesar que la sociedad viene reclamando cambios el gobierno de Milei sigue repitiendo la misma receta de siempre. Pienso que la “motosierra”, la discrecionalidad y la virulencia le sirvieron al principio para marcar una impronta, pero a mitad de mandato claramente no alcanza para gobernar un país con las complejidades de la Argentina. El país necesita gestión, un plan productivo para revertir los enormes índices de desocupación y respuestas a las demandas sociales que se vienen acumulando.
¿Qué sería lo imperioso para poder avanzar en el rumbo que señala?
-Urge contar con un presupuesto racional y equilibrado; si no sabemos de qué manera se van a destinar los recursos con que cuenta el país, quiénes van a ser los responsables, y cuáles son las prioridades, es muy difícil darle previsibilidad a la gente y a los inversores. Ya no podemos seguir con el presupuesto de 2023 desfasado por la inflación. Desde el radicalismo siempre tuvimos la voluntad de debatir el presupuesto, inclusive acompañándolo más allá de que tuviésemos diferencias, porque consideramos que es preferible que el país tenga un presupuesto, a que no lo tenga. Pero el Gobierno no tuvo la voluntad política de debatirlo y decidió prorrogar nuevamente el presupuesto 2023. Esta situación es la causa principal de todas las demandas sociales que fueron canalizadas en el Congreso, ya que todas las partidas quedaron desactualizadas provocando problemas de funcionamiento en las universidades, en los hospitales pediátricos nacionales, y no actualizando el monto de las prestaciones en los prestadores de discapacidad, como así también, jubilaciones que dejan bajo la línea de la pobreza a millones de jubilados y pensionados.
¿Piensa que es posible mejorar inmediatamente en las demandas sociales que refiere?
- Sí, totalmente. El gobierno este año está recaudando en impuestos entre un 8 y un 10% por encima de la inflación; es decir: recursos hay. El problema no es la plata, sino cómo se la asigna hacia las cosas que realmente importan. Veo una mirada monocromática de la economía y la sociedad. Es por esto que necesitamos volver a discutir los asuntos públicos con evidencia y responsabilidad republicana, diseñando políticas de Estado, porque los extremos en donde se balancea el debate político actual, le quitan certeza y previsibilidad al rumbo frente a la posibilidad de volantazo cada 4 años.
¿Y qué sería necesario para alcanzar esas políticas de Estado?
-Necesitamos cambios estructurales. Desde el radicalismo venimos insistiendo en una reforma previsional desde la comisión que presido. Allí hemos trabajado en iniciativas destinadas a volver más justo y equitativo el sistema. Eliminando desigualdades, corrigiendo errores normativos y los riesgos de litigiosidad. También venimos impulsando una reforma sindical -desde la comisión que preside Martín Tetaz- mediante la modernización de las leyes laborales, para dar soluciones estructurales y a largo plazo. Sin embargo, el Gobierno está empecinado en bloquear leyes que a nuestro punto de vista rompen con privilegios, aunque parezca raro, en la reforma sindical libertarios y kirchneristas trabajaron juntos para el bloqueo. Desde el radicalismo siempre hemos demostrado una actitud colaborativa y cooperativa. No coincidir con el Gobierno, o presentar alternativas de respuesta a los problemas no nos convierte en kirchneristas, desestabilizadores y/o golpistas. No podemos volver a las viejas épocas, la responsabilidad política y administrativa recae sobre quienes gobiernan.
-¿Qué análisis le merece a la UCR la aparición de este nuevo espacio –al cual se ha aproximado el senador radical Martín Losteau-?
-Provincias Unidas ha sido un acuerdo entre varios gobernadores, con el fin de generar un contrapeso a las medidas de Milei que las consideran perjudiciales para sus provincias y decidieron generar una alternativa electoral para las elecciones legislativas. Está en un proceso de construcción y su caudal electoral apunta a quienes no se sienten identificados en ninguno de los dos extremos predominantes. Los radicales de Córdoba estamos incómodos con esa construcción, porque lleva de candidato a Schiaretti, y de cual es parte el gobernador Llaryora, competidor directo de nuestro espacio y con quien no compartimos su forma de gobernar.
¿Puede referir algunos señalamientos sobre estas formas de gobernar que señala?
-Veamos; en la Legislatura los radicales venimos exponiendo constantemente los problemas que se profundizan con 25 años del mismo signo político. El peronismo ha convertido a Córdoba en la provincia más cara del país, aumentado los impuestos de una manera exorbitante: los servicios públicos, agua, electricidad, los peajes 500%, el impuesto inmobiliario, ingresos brutos a los servicios agropecuarios. Defienden los jubilados, los médicos, los docentes en Buenos Aires, pero en la provincia aplican la misma receta de ajuste. Este aumento de los impuestos es utilizado para mantener un Estado elefantiásico -con más políticos y personal del necesario-. Además, para evitar que la oposición cumpla con su función de control, entre gallos y medianoche, cambiaron el reglamento interno de la Legislatura provincial. En este marco, la alternancia política se torna imprescindible.
Pasando a otro tema; el presidente Milei pareciera haber decidido desconocer por completo lo actuado por el Poder Legislativo recientemente -en cuanto a la revocatoria de algunos vetos-, ¿qué reflexiona sobre este comportamiento de la administración nacional?
-Las últimas insistencias del Congreso sobre vetos presidenciales a leyes sancionadas, creo que es un enorme mensaje de que la mayoría del pueblo argentino y las provincias -representadas en ambas cámaras- está requiriendo cambios a las políticas de recorte. Lo que sucedió esta semana con la “devolución” del Poder Ejecutivo al Congreso de la Ley de Discapacidad me parece un hecho grave, porque está supeditando la vigencia de una norma a un paso que no está previsto por la Constitución Nacional. Muchos Decretos de Necesidad y Urgencia que ha emitido el Presidente no cuentan con previsión presupuestaria conforme a como ellos lo exigen. En estos casos -debido a que no contamos con presupuesto- no es el Congreso sino el Poder Ejecutivo el que tiene que reasignar partidas. Además, decir que con la ley de discapacidad se están destinando los recursos que efectivamente corresponden y que no fueron actualizados, por lo cual no se está creando un gasto nuevo. Intentar gobernar evadiendo la división y equilibrio de poderes le hace daño al mismo Presidente, ya que afecta de lleno la seguridad jurídica tan necesaria para que lleguen las inversiones que tanto espera el gobierno. Y también puede suceder que la inflexibilidad pueda chocar con el cansancio de la gente.
Se calcula que al liquidarse parte de lo retenido en silos bolsa el estado perdió 1.500 millones de dólares de recaudación. ¿Cuál es la mirada de la UCR en atención la medida que ha tomado Milei en relación a las retenciones suspendidas -por unas pocas horas-?
-El radicalismo siempre defendió la eliminación de las retenciones. Argentina necesita incentivar sus fuerzas productivas, que son las que generan riquezas, trabajo y los dólares necesarios para el desarrollo. Los derechos de exportación son un impuesto que atenta contra la producción y contra la innovación. La decisión que tomó Milei, de suspenderlas fugazmente, no correspondía a una convicción de proteger a los productores, sino a una necesidad de corto plazo: necesitaba conseguir dólares para sostener el tipo de cambio dentro de las bandas establecidas a costa de recaudación fiscal. Muchos productores nos han manifestado su descontento por lo acotado en el tiempo de la medida y porque este beneficio se concentró en pocos actores. Con esto además quiero manifestar que, así como el mismo Gobierno exige cada vez que el Congreso vota leyes, se deje señalado sobre qué partidas se afectarán los recursos, en este caso hay un costo fiscal que el gobierno debería especificar cómo piensa cubrirlo. Si seguimos con la lógica del Gobierno, esta medida también afecta al equilibrio fiscal, es más del doble de lo que se necesita para financiar a las universidades o veinte leyes de emergencia pediátrica. De todas maneras, quiero dejar bien en claro que estoy de acuerdo en eliminar las retenciones, solo quiero manifestar las contradicciones e incoherencias que tiene el gobierno. Argentina necesita un esquema impositivo justo, que acompañe al campo y a la industria, que permita agregar valor a la producción primaria, generar empleo y divisas propias. Pero para eso hacen falta políticas productivas y de infraestructura que aún no se vislumbran en este Gobierno.
¿Cómo evalúa el reciente acuerdo anunciado entre los presidentes Trump y Milei?
-La estrategia financiera del gobierno se resume en tomar préstamos para cubrir deudas anteriores y sostener el déficit cero, pero a costa de una economía real estancada, bolsillos cada vez más flacos y una sociedad atrapada en la recesión. En este sentido es que se encausa el posible acuerdo con Estados Unidos. Se pretende obtener dólares prestados, para mantener el plan económico en vísperas de las elecciones legislativas de octubre.
