Redacción La Nueva Mañana
Seis testigos declaran este miércoles en el juicio por jurados populares contra los dos funcionarios que impidieron el ingreso del padre de Solange Musse a Córdoba para darle el último adiós a su hija, quien falleció de cáncer de mama durante la pandemia, mientras que la querella pedirá la ampliación de las acusaciones y la detención efectiva de los implicados.
El abogado Carlos Nayi en declaraciones a NA indicó que prestarán testimonio el exministro de Salud, Diego Cardozo; el médico Sergio José Ali; el exdirector del Centro de Emergencias (COE) Regional Carlos Pepe; el exdirector del Hospital de Niños de Córdoba, Juan Ledesma (condenado por abuso sexual); el exsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria, Claudio Severino Vignetta y el exmiembro del organismo Ciceri.
El letrado explicó que en la jornada anterior no pudo pedir “por falta de tiempo material” que se agraven las imputaciones contra el médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales, quienes se encuentran sindicados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Pediré que Andrada sea juzgado en carácter de coautor de abuso de autoridad y autor mediato de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y vejaciones”, señaló Nayi, mientras que en el caso de Morales pedirá que se la investigue en calidad “coautora de abuso de autoridad y autora mediata del delito de privación ilegal de la libertad calificada y vejaciones en concurso real”.
En este sentido, el representante legal de la familia de Solange confirmó que peticionará la prisión efectiva para ambos involucrados y agregó: “Todavía no hay fecha para los alegatos”.
De acuerdo a la acusación, los sindicados negaron el ingreso del denunciante Pablo Musse a la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en la ciudad de Alta Gracia y atravesaba una internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.
El fiscal Julio Rivero señala que esta situación imposibilitó que el hombre pudiera ver a Solange con vida por última vez, quien murió el 21 de agosto de 2020 a los 35 años.
Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.
Fuente: NA
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