Redacción La Nueva Mañana
El gremio de Judiciales informó este miércoles que el asesor letrado Eduardo Santiago Caeiro, a quien el sindicato había denunciado por presuntas filtraciones en concursos de auxiliares colaboradores de la defensa pública, presentó su renuncia al Poder Judicial.
En un comunicado, repasa el gremio que sobre Caeiro pesaba una investigación sumarial y penal, a partir de la denuncia presentada el 4 de noviembre de 2024 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), respecto de la sospecha de posibles irregularidades en el concurso convocado por Acuerdo Nro. 375/24 para cubrir cargos de Prosecretario/a Letrado/a destinados a desempeñar funciones de Auxiliar Colaborador/a de la Defensa Pública en el Fuero Penal del Centro Judicial Capital.
Detalló la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) que, producto de esa investigación interna y denuncia gremial, se abrió una investigación penal jurisdiccional en el Poder Judicial y el 3 de abril de este año la Fiscalía a cargo de dicha investigación jurisdiccional solicitó la imputación del Asesor.
Explicaron desde el gremio que dicha imputación se encuentra, actualmente, para resolver junto con el inicio de la causa penal por parte del Juzgado de Control a cargo de la investigación jurisdiccional.
Al respecto, el secretario General de Agepj, Federico Cortelletti, expresó: “En diciembre del año pasado instamos ante el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, que se determinara si las conductas desplegadas por el asesor Eduardo Santiago Caeiro, en relación al concurso para Auxiliar Colaborador de la Defensa Pública, habían constituido un accionar encuadrable en mal desempeño y/o negligencia grave. Ante la falta de novedades, desde el sindicato volvimos a insistir a principios de agosto de este año con preocupación sobre la demora en la resolución sobre nuestra denuncia”.
Por su parte la secretaria Adjunta de Agepj, Agostina Noccioli, afirmó: “Todas nuestras acciones en este caso han sido en la defensa del sistema público de concursos de la Provincia, que debe ser respetado en aras a la democracia y a la igualdad en el acceso a cargos públicos. Por eso instamos a la justicia penal cordobesa a que avance con la investigación criminal sobre el caso, se determinen las responsabilidades si existieran y se proceda conforme lo determina la ley, para llevar claridad y tranquilidad a toda la comunidad judicial que día a día se esfuerza para mejorar la Justicia que se le brinda a la sociedad”.
