Redacción La Nueva Mañana
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y el personal de la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) del Ministerio Público Fiscal expresaron su rechazo a la mudanza provisoria de esta repartición de Policía Judicial hacia el edificio ubicado en Duarte Quirós 650.
Alertan que no se cumplen condiciones laborales mínimas ni de seguridad y están en riesgo pruebas judiciales en causas penales sensibles.
"La medida, intempestiva y sin consulta previa, afecta de forma directa no solo las condiciones laborales del personal, sino también el resguardo de pruebas judiciales sensibles y los elementos de trabajo específicos de la Dirección", indicó el gremio de Judiciales, en un comunicado que repasa que desde que le llegó una notificación informal el 26 de junio, el gremio convocó a asambleas y las trabajadoras y trabajadores impulsaron un petitorio firmado por casi la totalidad del personal.
"Se ha solicitado también una audiencia con el fiscal General, Juan Manuel Delgado, a fin de exponer los fundamentos del rechazo, la que aún no ha sido contestada", explicaron desde el Agepj y precisaron que han dejado constancia de múltiples irregularidades en relación al edificio propuesto: "No cuenta con ascensores habilitados, los sanitarios son insuficientes para la dotación de más de 70 personas, hay un estado de abandono y falta de higiene, incluyendo la presencia de aves y nidos, el espacio es disfuncional para el desarrollo del trabajo y no garantiza ni privacidad ni seguridad para el tratamiento de causas complejas".
Explican desde el gremio que la DIO, como parte de la Policía Judicial, realiza investigaciones sensibles, incluyendo delitos complejos, ciberdelitos, análisis de material vinculado a abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes y hechos vinculados a organismos estatales. "La mudanza afectaría gravemente el desarrollo normal de estas tareas, al distanciar a la Dirección de otras áreas con las que trabaja de forma articulada, entorpeciendo la dinámica investigativa diaria. Pero que por sobre todo el nuevo edificio no ofrece condiciones adecuadas para el almacenamiento de material probatorio delicado ni para el ingreso y egreso del personal fuera del horario habitual, tal como sucede con frecuencia por la naturaleza del trabajo", detallan.
En su comunicado, el Agepj reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la salud y seguridad en el trabajo, y la calidad del servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía; y exigió al Ministerio Público Fiscal que, en caso de ser inevitable una mudanza, la misma se haga a un lugar definitivo que reúna condiciones dignas y seguras de trabajo, tanto para las personas como para la actividad que se desarrolla y que no se insista en el actual intento de mudanza provisoria.
En este marco, el secretario General del gremio de Judiciales, Adrián Valán, expresó que: “Nos oponemos a la mudanza provisoria porque las condiciones edilicias no están dadas para resguardar los derechos de las y los trabajadores: no hay sanitarios adecuados, espacios seguros ni instalaciones mínimas para el trabajo cotidiano. Pero además -y esto es igual de grave- se está poniendo en riesgo el servicio de Justicia: no hay garantías para el resguardo de pruebas judiciales en causas muy sensibles, ni para el almacenamiento seguro de elementos de trabajo indispensables, como chalecos antibalas o equipamiento técnico especializado”.
