Redacción La Nueva Mañana
A cinco años del asesinato de Valentino Blas Correas, el Tribunal Superior de Jusiticia confirmó las condenas contra una decenas de policías que participaron de la persecución que terminó con la vida del adolescente, en agosto de 2020. Los dos oficiales que le dispararon al chico de 17 años fueron sentenciados a prisión perpetua y otros agentes a penas menores, acusados de implantar pruebas y modificar la escena del crimen.
En la madrugada del 6 de agosto de 2020, Blas junto a un cuatro amigos se trasladaban en un Fiat Argo por la ciudad de Córdoba. La policial comenzó a perseguirlos después de que el conductor no se detuvo en un control montado en la avenida Vélez Sársfiel. Los uniformados dispararon. Uno de los tiros hirió al joven. Al notar que estaba grave, sus amigos lo llevaron al sanatorio Aconcagua, en donde el personal se negó a atenderlo. A pocas cuadras falleció.
En marzo de 2023 la Cámara Octava del Crimen sentenció a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón, de 33, al considerados culpables por los delitos de “homicidio calificado por ser integrantes de la Policía, y agravado por el uso de arma de fuego, como así también también por la tentativa de homicidio”.
A su vez fueron condenados otros policías, de acuerdo a su grado de responsabilidad en los hechos por encubrimiento, ya que se habían puesto de acuerdo para “plantar” un arma en el auto de los jóvenes y de esa manera justificar los disparos contra ese vehículo.
En consecuencia, la agente Wanda Esquivel recibió tres años y diez meses de prisión, mientras que su compañera Florencia Martínez fue condenada a cuatro años y tres meses.
También fueron condenados el subcomisario Sergio González (cuatro años y diez meses), el comisario inspector Walter Soria (cuatro años y nueve meses), el comisario inspector Jorge Galleguillo (cuatro años y ochos meses), el oficial ayudante Ezequiel Vélez (dos años y medio), el cabo Leonardo Quevedo (cuatro años) y el comisario inspector Juan Gatica (cuatro años). En tanto, quedaron absueltos los agentes Rodrigo Toloza y Leonardo Martínez.
El fallo reconoció a Blas, sus amigos y su familia como víctimas de violencia insitutcional.
En un segundo juicio, que tuvo lugar en octubre de 2023, condenaron a un empleado de la clínica donde se negaron a atenderlo. Se trata de Fernando Casalino, empleado de la clínica Aconcagua, que aquella madrugada se negó que Blas Correas ingrese al hospital para ser atendido por el tiro que recibió.
Ahora la investigación avanza contra el ex ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y otros funcionarios de alto rango, acusados de implantar pruebas falsas y de intentar encubrir el crimen.
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